La iniciativa de reforma que pretende regular y hasta eliminar la figura de subcontratación o outsourcing impactaría de manera negativa en la competitividad de las empresas, advirtió el presidente de Index Chihuahua, Luis Carlos Ramírez López.
Expuso el representante de la industria manufacturera de exportación que las empresas del sector por las condiciones y naturaleza del negocio, requieren este tipo de servicio que no es ajeno en muchos de los países con los que se tienen negocios.
El riesgo que advierte el industrial de ser aprobada la iniciativa planteada por el senador Napoléon Gómez Urrutia es que se pierda la competitividad que se tiene con este modelo que permite en el sector generar contratos por proyectos o volúmenes específicos de producción.
Reprobó Ramírez López que no haya sido considerada la opinión del sector privado en esta iniciativa, "es como hablar a la pared", dijo.
El Consejo Coordinador Empresarial expuso a través de un comunicado que de concretarse la reforma sería un golpe frontal para miles de empresas que utilizan esta forma legal y legítima de aumentar la productividad.
Además de que se criminaliza las relaciones laborales, ya que pone a nivel de delincuencia organizada una práctica legal y legítima.
La cúpula empresarial advierte visos de inconstitucionalidad pues la iniciativa busca ser retroactiva, es decir, colocaría como grupos de delincuencia organizada, de manera retroactiva, a todos los que en el pasado utilizaron figuras de subcontratación que desde el año 2012 son legales y legítimas.
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Aumentar sanción contra la corrupción generaría confianza
La encuesta Los mexicanos frente a la corrupción y la impunidad señala que la mayoría de ciudadanos confía en que la corrupción se puede eliminar y permitiría recuperar la confianza de la población con la probabilidad de aumentar la sanción.
La corrupción impactar en la pérdida de riqueza, por ciudadano es de 4 por ciento del producto interno bruto per cápita por país, aunado a que la impunidad en casos de corrupción es de 99 por ciento.
Por cada 100 actos de corrupción, 23 son denunciados, pero sólo uno tiene algún tipo de consecuencia.
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