Ministra Batres rechaza presiones de Zaldívar para contratar a Netzaí Sandoval

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres rechazó haber sido presionada para contratar a Netzaí Sandoval como coordinador de su ponencia.

Proceso informó que Sandoval, exdirector del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), es uno de los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) a quienes la ministra presidenta, Norma Piña ordenó investigar derivado de una denuncia anónima en contra del ministro en retiro Arturo Zaldívar por diversos actos de corrupción.

En la denuncia, cuyos hechos fueron transcritos por la ministra presidenta en el acuerdo en el que ordenó iniciar las investigaciones contra Sandoval, se señaló que Zaldívar obligó a Lenia Batres, quien lo sustituyó en la Corte luego de su renuncia para adherirse al equipo de campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, para contratar al exdirector del IFDP como coordinador de su ponencia.

Al respecto, la ministra Lenia Batres rechazó los señalamientos y reprochó la filtración del acuerdo emitido por la ministra presidenta en el que admitió a trámite la denuncia anónima contra Zaldívar y otras personas.

“Nadie me ha presionado para elegir al personal de mi ponencia, mucho menos al coordinador. De cualquier forma, habría ignorado cualquier intento de presión.

“Hacer pública la denuncia anónima y el acuerdo de inicio de investigación durante esta etapa electoral que vive nuestro país, constituye un elemento desafortunado tanto para la resolución jurisdiccional del tema, si procediere, como para la coyuntura propiamente política. La filtración de una denuncia y de su acuerdo admisorio es ilegal. Pone en riesgo las formalidades esenciales de un procedimiento justo y contraviene la práctica general de la SCJN”, señaló la ministra.

Luego de darse a conocer la existencia de la denuncia y la decisión de Piña de ordenar el inicio de las investigaciones, el ministro en retiro, Arturo Zaldívar acusó a la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura de coludirse con la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez para emprender una campaña en su contra para “bajarlo” del equipo de Sheinbaum.

“La Suprema Corte no debe servir a intereses facciosos de ninguna clase, ni someterse a la sospecha de que participa a favor de alguna campaña electoral”, expresó Batres.

¿De qué se acusa a Netzaí Sandoval?

En los hechos de la denuncia anónima contra Zaldívar y otros integrantes del PJF, Netzaí Sandoval es señalado por actos de corrupción, hostigamiento laboral, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones e instalaciones.

“Se le asignó el caso Wallace, donde ordenó que la línea que se siguiera era conseguir a costa de lo que sea la libertad de los implicados, tanto que por conducto de Salvador Leyva Morelos Zaragoza (“incondicional”), le exigió a María Dolores Vera que en este caso alegara actos de tortura, pero se negó”, retoma el acuerdo.

“Prohibió que los defensores promovieran amparo contra la falta de atención médica en Covid, para que -argumenta- no se viera ‘inflada’ la estadística del gobierno”.

El exdirector del IFDP también fue acusado de cometer enriquecimiento ilícito debido a que tiene un penthouse en Santa Fe y a que, supuestamente, durante su administración en el Instituto, se estableció una cuota para poder tener una plaza dentro del mismo.

“A veces se pedía una cantidad del sueldo, otras fuertes cantidades de dinero por adelantado y algunos tenían que entregar bonos y aguinaldos”, detalla.

Además, fue señalado porque durante su administración en el IFDP fue construido un roofgarden “de lujo” en la terraza del edificio de dicho instituto cuya mano de obra corrió a cargo de personal de servicios y mantenimiento del PJF, donde supuestamente se organizaban eventos con música, alcohol y mujeres “hasta altas horas de la noche”.

“Se quedaba con el presupuesto de las fiestas de fin de año y obligaba a que los trabajadores pagaran las fiestas”, se indicó.

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De acuerdo al proyecto dado a conocer en esa alianza tripartita, ese porcentaje se incrementó a tres puntos porcentuales, por cada persona que desempeñaba un puesto en la función pública, de acuerdo con el informe “Democracia vulnerada”.

Destacan, de la importancia de estos análisis, que se encontró que es en el nivel municipal, es en donde más se presenta la violencia político - criminal, pues 77 por ciento de las víctimas pretendían un cargo en ese ámbito de gobierno, un dato que puede evidenciar la gravedad del problema es que, de las 1 mil 400 víctimas, la tercera parte aspiraba por alcaldías, sindicaturas y regidurías.

Otro, también grave, es el que señala que la violencia ha provocado que las personas seleccionadas y capacitadas como funcionarios de casilla no se presentara y fueran sustituidas por las que se encontraban en los primeros lugares de la fila, por eso señalan, que por cada persona sea candidato o militante de un partido que fue atacada, hubo un aumento de casi el 1 por ciento de sustitución.

Señala que estos ataques reflejan que con un menor número de funcionarios capacitados, que no asistieron y un mayor número de sustituciones, se pierde el elemento ciudadano para la construcción de la democracia.

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