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Propone Brenda Ríos ley para prevenir y atender el suicidio como un problema de salud

 

La diputada de Morena, Brenda Ríos, al proponer que se expida en Chihuahua la Ley Estatal para la Identificación, Contención, Prevención, Atención y Seguimiento del Comportamiento Suicida en Chihuahua, destacó que en Chihuahua ha ido en aumento el número de personas que han decidido quitarse la vida, el cual pretende atención a la estructura familiar desde un enfoque de problema de salud.

Señaló que es un tema delicado en el mundo, sin embargo hay alarma por Chihuahua, al ser la entidad número uno en estadísticas, ya que no se trata de un tema de aliento, sino una enfermedad que afecta a la persona y a la familia.

Dio a conocer  las tasas de suicidio en Chihuahua, según los datos proporcionados por el INEGI, refleja una tendencia preocupante en los últimos años.  “En 2012, Chihuahua se ubicaba en el cuarto lugar a nivel nacional en términos de tasas de suicidio, con una tasa de 8.52 suicidios por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, en los años siguientes, se observó un incremento significativo en esta preocupante estadística. Durante los años 2014 y 2015, la tasa de suicidios aumentó a 11.4 por cada 100,000 habitantes, lo que situó al estado en el primer lugar a nivel nacional”, dijo.

Esto ha ido empeorando, ya que en 2021, Chihuahua experimentó un aumento adicional en las tasas de suicidio, llegando a 15.2 suicidios por cada 100,000 habitantes. Esta cifra elevó al estado en el ranking nacional de suicidios, poniendo de manifiesto la necesidad urgente de abordar y prevenir este problema de salud pública en la región.

“Estos datos resaltan la importancia de tomar medidas efectivas para la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental en Chihuahua, con el objetivo de revertir esta tendencia alarmante y brindar apoyo a las personas en riesgo”, señala la legisladora.

 

Tips al momento

Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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