Descongelarán cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quitar de su “Lista de Personas Bloqueadas” a Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.
Un juez de distrito ya había otorgado un amparo a los esposos en contra del congelamiento de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, por lo que el Tribunal Colegiado ratificó esa resolución y, además, declaró infundado el recurso de revisión presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en contra de dicha sentencia.
Los magistrados decidieron que la UIF vulneró el principio de seguridad jurídica con el acto de bloquear las cuentas bancarias de la exconductora de televisión y su esposo, ya que si el congelamiento de las cuentas se hace por un motivo que solo afecta a nivel nacional y no está relacionado con el cumplimiento de algún acuerdo internacional, entonces esta acción no tendría un respaldo legal claro dentro de un proceso judicial o administrativo.
El principio de seguridad jurídica, protegido por la Constitución, garantiza que las personas tengan certeza sobre las decisiones legales que impactan sus derechos.
Además, señalaron que la UIF incluyó a la pareja en la “Lista de Personas Bloqueadas” sin justificar adecuadamente su decisión y sin cumplir con los requisitos legales de fundamentación y motivación.
Puntualizaron que no se explicaron claramente las razones ni la base legal para congelar sus cuentas, lo cual es una exigencia del artículo 16 de la Constitución. Dado que no se cumplieron estos requisitos, el tribunal determinó que la violación alegada por la pareja era válida y, por lo tanto, les concedió el amparo y la protección de la justicia federal.
Actualmente, la Fiscalía General de la República (FGR) busca a los esposos por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 2 mil 950 millones de pesos, motivo por el cual se les considera prófugos de la justicia.
Con información de: Proceso.
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Así que, esta nueva agencia tendrá las facultades para autorizar y quitar concesiones, lo que hacía el IFT, así como supervisar contenidos en estaciones de radio y televisión, en redes sociales, incluso, hasta de bloquear las plataformas digitales, así como también limitar publicidad y controlar narrativas.
Con lo anterior, a decir del analista Juan Ortiz, lo que realmente avanza es una agenda de control sobre la libertad de expresión y la competencia en el sector.
Sobre esta iniciativa de ley, voces desde la oposición del Senado consideran que es inconstitucional y violatoria de acuerdos internacionales. Por lo pronto se informa que viola el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Así, de esta manera, el control del Estado en los medios, se va consolidando en una ley mordaza, según los comentarios.
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