Exhiben violencia y maltrato contra adultos mayores en un asilo de SLP (Videos)

SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- En videos que se divulgaron en redes sociales se denunciaron actos de presunto maltrato contra adultos mayores por parte del personal a cargo de su atención en el asilo Santa Sofía, ubicado en la capital potosina. 

Diez adultos mayores, cuatro mujeres y seis hombres, permanecían albergados en dicho asilo. En los videos se muestra a una mujer, aparentemente una de las encargadas del lugar, sentarse encima de una de las adultas que permanece en un sillón, ponerle las manos en el cuello y sacudirla fuertemente, entre otros actos violentos. 

Tras conocerse y hacerse virales estos videos, que muestran a personal de la institución maltratando a los adultos mayores a su cargo, el gobierno estatal intervino el lugar, mismo que fue clausurado porque no tenía permisos para operar ni contaba con las condiciones adecuadas para ello, según informó. 

Las redes difundieron varios videos, todos cortos, pero en los que se repiten este tipo de acciones: la mujer se sienta junto a una de las adultas mayores que está en un sofá; del otro lado está sentado un hombre (presumiblemente otro empleado); entre ambos la sacuden y en algunos momentos se escucha cómo la anciana se queja, evidenciando dolor. “Hueles a caca”, le dice la mujer a la anciana antes de levantarse, mientras ésta se queja y se soba el rostro. 

 

Otro de estos segmentos muestra a una mujer adulta mayor en una silla de ruedas, desnuda del torso y tratando de ponerse un suéter con mucha dificultad mientras pide ayuda a gritos, sin que alguien acuda en su auxilio. 

El lugar se promocionaba como “residencia de descanso Santa Sofía”. 

Sin embargo, luego de la difusión de los videos, el gobierno estatal anunció que intervendría el sitio y para ello acudió personal de Protección Civil, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, los Servicios de Salud, la Fiscalía y del DIF estatal, que lo clausuraron y trasladaron a las personas albergadas al centro de asistencia “Casa de los potosinos” que opera el estado, en la misma capital. 

“El director de Protección Civil del Estado, Mauricio Ordaz Flores, informó que durante la diligencia se determinó que el lugar no contaba con permisos para operar y no contaba además con: Programa Interno de Protección Civil, extintores, ruta de evacuación, señalética, punto de reunión externo, almacén de materiales peligrosos, manejo de residuos, botiquín de primeros auxilios, lámparas de emergencia, extintores de humo y capacitaciones”, indicó el gobierno en un comunicado. 

Por ello, se procedió a evacuar a los diez adultos mayores, una de las cuales fue llevada en ambulancia por su estado de salud. 

A cargo de su atención quedó la Procuraduría para la Defensa de las Personas Adultas Mayores, que intervino para atender las denuncias ciudadanas y el rescate de las personas del albergue.  

 

 

 

 

 



Con información de: Proceso.

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Desde Palacio Nacional le tienen miedo a la ciudadanía: Generación Z

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Parte de la publicación menciona lo siguiente: 

“ Sí, ya vimos que mandaron porros, sindicatos y cercos para 'proteger" el palacio. Lo disfrazan de seguridad, pero todos sabemos que es miedo. Miedo a una generación que ya no se cree su teatro. 

Y aunque levanten vallas, no hay barrera que pueda frenar una idea cuando llega su momento.

Si este gobierno y todos los políticos, que juraron defender a México no tienen vergüenza en destruirlo, nosotros no tendremos miedo en defenderlo…”

A esto, la presidenta Claudia Sheinbaum, expuso que es por seguridad pues en manifestaciones pasadas se han infiltrado personas para realizar destrozos, asegurando que creen en los jóvenes de México, pero se ha infiltrado la oposición en esta causa.

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Mientras el reglamento de Vialidad detalla con precisión sanciones que van desde los 700 hasta casi 5 mil pesos por infracciones como estacionarse en doble fila, no portar llanta de refacción o circular con luces apagadas, los baches, el pavimento levantado y las vialidades sin señalización continúan siendo el verdadero castigo para el ciudadano.

 

Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.

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