0EUrkBqLa senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, de Morena, propuso reformar la ley de Seguridad Nacional para que la introducción ilegal de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, la Marina-Armada de México y la Fuerza Aérea sean consideradas una amenaza a la Seguridad Nacional de México0EUrkBq Omnia.com.mx
0EUrkBqLa presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios señaló que el país ha enfrentado en las últimas décadas una serie de acontecimientos sociales, políticos e incluso diplomáticos a raíz de la guerra contra el narcotráfico, la cual escaló a situaciones graves de violencia armada en todo el país, creando caos y terror en la población, por los medios y técnicas que utilizan los grupos al margen de la ley para cumplir sus fines delictivos. 0EUrkBq Omnia.com.mx
0EUrkBqInformó que materiales de guerra de grueso calibre están reservadas a las Fuerzas Armadas, las cuales se han vuelto de uso común por parte de grupos del crimen organizado, creando y permitiendo una capacidad de fuego cercana al de las fuerzas armadas, trasladándose en contra de la seguridad marítima y aérea, donde ejerce el Estado mexicano su soberanía nacional.0EUrkBq Omnia.com.mx
0EUrkBqUn ejemplo de esto, dijo, es que a escasos kilómetros de la zona fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, se encuentran armerías que venden armas de fuego prohibidas por la legislación mexicana, siendo El Paso, Texas, una zona importante para delimitar acciones en seguridad nacional.0EUrkBq Omnia.com.mx
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El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.