Policía de EE.UU. mata de un tiro a mujer embarazada
El Departamento de Policía de la localidad de Blendon, en el estado de Ohio (EE.UU.), hizo públicas las grabaciones de las cámaras corporales de dos oficiales, en las que se ve cómo el pasado 24 de agosto uno de ellos disparó letalmente contra una mujer afroamericana embarazada, informaron medios locales.
Las grabaciones muestran al agente disparar a través del parabrisas del coche de la mujer, Ta'Kiya Young, de 21 años, cuando ella se negó a salir de su vehículo tras ser acusada de robar en una tienda de comestibles. Ta'Kiya fue declarada muerta en un hospital, y su hija aún no nacida tampoco sobrevivió. La joven deja dos hijos huérfanos.
El video del incidente, ocurrido en el parqueadero de un supermercado, salió a la luz después que la familia de Young pidiera explicaciones sobre el suceso y de que el abogado de la familia, Sean Walton, exigiera el jueves que se identifique a los responsables de truncar "dos vidas preciosas".
Por otra parte, el jefe de Policía de Blendon, John Belford, alegó en el comunicado de prensa que acompañaba las grabaciones que después que se efectuara "un único disparo", ambos policías presentes sacaron a Young del coche y pidieron ayuda médica. Sin embargo, esas imágenes no se muestran en el video difundido, el cual está editado y difumina los rostros de los agentes.
Los abogados de la familia de Young declararon que luego de ver las imágenes les queda claro que se trató de un caso de "abuso de poder y autoridad". Exigen una rápida inculpación del agente por "los asesinatos de Ta'Kiya y su hija no nacida".
La Policía afirmó que la Oficina de Investigación Criminal de Ohio está llevando a cabo una investigación independiente sobre el incidente, y detalló que el agente que disparó el arma está suspendido temporalmente, mientras que su compañero ha vuelto a cumplir funciones regulares.
Con información de
actualidad.rt.com
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Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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