1To9kIPLas diputadas federales del PAN, Rocío González Manque Granados, acompañadas por la dirigencia del partido en Chihuahua definieron los dos primeros periodos ordinarios como el periodo de la mezquindad de Morena, con reforma al atentado al Poder Judicial y los órganos autónomos.1To9kIP Omnia.com.mx
1To9kIPRocío González Alonso, señaló que el asalto al Poder Judicial del PAN, derivó con la reforma a la Constitución en donde bajo el argumento del combate a la corrupción disfrazaron las modificaciones que representan el atentado a un Poder en el País., Posteriormente se lanzaron los diputados de Morena contra los órganos autónomos, entre ellos la desaparición del Ifetel con la reforma en Telecomunicaciones y la desaparición del INAI.1To9kIP Omnia.com.mx
1To9kIPAseguró que, en la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y la simplificación administrativa, “se oye muy bonito, nada más que crean una agenda, la agencia digital, para la ley de comunicaciones y los datos delos ciudadanos los tendrá una institución y un solo personal, no es una prima hermana de la ley de telecomunicaciones sino una ley hermana”. 1To9kIP Omnia.com.mx
1To9kIPConsideró que la simplificación administrativa, también incidió en un periodo de 8 días fue aprobada, siendo una ley que centraliza las compras y desaparecen el compranet. 1To9kIP Omnia.com.mx
1To9kIPManque Granados, por su parte sentenció que el PAN no está de acuerdo en la centralización el poder en las reformas judicial, energética, de vivienda, de telecomunicaciones, entre otros, “es un gran retroceso”, refirió la legisladora al destacar que ni ha bajado el precio de la gasolina, hay encarecimiento de productos, además de poner en riesgo el esquema del acceso a la justicia, la desaparición de los órganos autónomos, donde México como país, pierde competitividad.1To9kIP Omnia.com.mx
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El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.