EU cancela 6 mil visas de estudiantes por infracciones a la ley
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, el Departamento de Estado de EU, canceló alrededor de 6 mil visas de estudiantes por infracciones a la ley que "van en contra" de los intereses nacionales del país.
“El Departamento de Estado revocó unas seis mil visas de estudiantes por exceder su estadía en el país y violaciones a las normas, la gran mayoría de ellas relacionadas con agresiones, conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, robos y apoyar el terrorismo”, indicó la dependencia este lunes 18 de agosto.
De acuerdo con un funcionario del Departamento, aproximadamente 4 mil de las visas fueron revocadas por infracciones a la ley, mientras unas 300 fueron retiradas por presuntas actividades relacionadas al terrorismo.
Estas cancelaciones de visas forman parte de las agresivas políticas migratorias del gobierno de Trump que se han extendido hacia las universidades, afectando a miles de estudiantes internacionales.
Muchos de los afectados habían participado en algún tipo de actividad propalestina, y fueron acusados de antisemitismo y de apoyo el terrorismo.
Aunque expertos en temas migratorios afirmaron que los estudiantes con visa tienen el mismo derecho a la libertad de expresión que los ciudadanos estadunidenses -amparados por la Primera Enmienda de la Constitución de EU-, señalaron que son vulnerables a la deportación debido a la naturaleza temporal de su permiso de residencia.
Uno de los casos más conocidos fue el de la ciudadana turca Rumeysa Ozturk, una estudiante de doctorado en la Universidad de Tufts que fue detenida por agentes federales enmascarados en marzo pasado y puesta a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Sin embargo, un juez ordenó su liberación en mayo.
Otro caso fue el de Mahmoud Khalil, un líder de las protestas contra la guerra en Gaza en la Universidad de Columbia, que fue liberado por un juez en junio.
Hechos similares se reportaron en universidades como Harvard, Stanford, Michigan y la Universidad Estatal de Ohio.
Incluso varios estudiantes señalaron haber sido arrestados y detenidos sin causa ni explicación, lo que podría constituir una violación a sus derechos civiles.
Académicos y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por la capacidad de los alumnos para expresar sus opiniones sin poner en riesgo su residencia legal.
"Ningún presidente debería poder establecer una prueba de fuego ideológica y excluir o expulsar de nuestro país a personas con las que no está de acuerdo", declaró la organización Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Así funcionan las visas de estudiantes en EU
Los estudiantes de otros países deben cumplir una serie de requisitos para obtener una visa de estudiante. Tras ser admitidos en una institución educativa en Estados Unidos, los alumnos pasan por un proceso de solicitud y entrevista en una embajada o consulado estadunidense en el extranjero.
Las personas con visa F-1 -visa de no inmigrante para estudiantes internacionales-, tienen que demostrar que cuentan con el suficiente apoyo financiero para cursas sus estudios en Estados Unidos. Deben permanecer al día con su programa académico y, por lo general, tienen una capacidad limitada para trabajar fuera del campus durante su programa académico.
Las visas de entrada son gestionadas por el Departamento de Estado. Una vez en el territorio estadunidense, el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio del Departamento de Seguridad Nacional, supervisa el estatus legal de los estudiantes internacionales.
En medio de las tensiones derivadas de las ofensivas contra estudiantes, varias universidades han informado que solicitaron al gobierno federal respuestas sobre las causas de las revocaciones.
Además, han reiterado las precauciones de viaje para los estudiantes, recomendando que lleven consigo su pasaporte y otros documentos migratorios indispensables.
“Vivimos tiempos sin precedentes y nuestros principios rectores habituales para vivir en una sociedad democrática se ven cuestionados. Con la velocidad y la profundidad de los cambios que se están produciendo, debemos ser reflexivos sobre cómo prepararnos, protegernos y responder mejor”, indicó el rector de la Universidad de Massachusetts Boston, Marcelo Suárez-Orozco, en un intento de tranquilizar la creciente incertidumbre y ansiedad dentro de la comunidad estudiantil.
Con información de Proceso.
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Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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