Agricultores y comerciantes de Durango acusan extorsiones por parte de la CATEM, sindicato liderado por Pedro Haces
Diferentes sectores productivos de la Comarca Lagunera de Durango acusaron que presuntamente son víctimas de extorsión por parte de la Confederación Autónoma de Trabajadores y empleados de México en el Estado (CATEM), liderado por el diputado morenista Pedro Haces.
De acuerdo con el comunicado compartido difundido en redes sociales, las 20 organizaciones firmantes aseguran que son víctimas de extorsiones y cobros que califican como ilegales por parte de integrantes de la CATEM y grupos de la delincuencia organizada.
Los sectores aseguran que el cobro de piso se ha disfrazado de cuotas sindicales y declaran que quienes no cumplen con los pagos son agredidos o amenazados.
"Exigimos a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, una intervención inmediata para desmantelar esta red de extorsión y contubernio, una amplia investigación del gobierno federal por los posibles vínculos de estos hechos con el crimen organizado así como protección a las víctimas", demandan.
En el comunicado desplegaron algunos de los pagos a los que, aseguran, son obligados a cumplir, entre los que destacan transporte de material, movilización de ganado, apropiación de obras públicas y privadas, pagos a comerciantes, desvío ilegal del agua, control ilegal de los módulos de riego y venta de pollinaza así como alcoholímetros irregulares.
Asimismo, Aseguran que si quieren hacer uso del agua deben pagar hasta 20 mil pesos por hectárea.
Además del comunicado compartido en medios de comunicación locales, el pasado 4 de agosto uno de los afectados afirmó a medios de comunicación locales, el hartazgo por parte de los sectores productivos ante los constantes abusos que atribuyó al CATEM.
"Ya estamos hartos de este grupo sindical que desgraciadamente se ha metido hasta lo más profundo de las familias de aquí de La laguna, específicamente de Gómez Palacio", afirmó el hombre.
Con información de Latinus.
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
Notas recientes
Las más leídas
