Buscan incorporar lenguaje incluyente, perspectiva de género e igualdad salarial para jornaleras agrícolas

Las mujeres en esta situación sufren triple discriminación: de género, condición social y de pertenencia a grupos étnicos, limitando su acceso y goce a los derechos humanos, apunta la diputada de Morena

La diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena) presentó una reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de lenguaje incluyente, perspectiva de género e igualdad salarial para las jornaleras agrícolas, al considerar que sufren una triple discriminación: de género, condición social y de pertenencia a grupos étnicos, limitando su acceso y goce a los derechos humanos.

La también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género expuso que en el caso particular de las mujeres indígenas que trabajan como jornaleras agrícolas, viven marginación y extrema pobreza tanto en sus lugares de origen como en los de destino; “son las asalariadas más explotadas y desprotegidas del medio rural y están sujetas a un proceso de pauperización paulatina, cuya alta movilidad obstaculiza su propia organización”.

En un comunicado, consideró que es de suma importancia hacer un abordaje diferenciado y con perspectiva de género de la situación de la población jornalera agrícola, visibilizando las desigualdades y las brechas de protección social y salud que históricamente ha padecido este sector, con pertinencia cultural a los pueblos indígenas y afrodescendientes.

“En especial hacia las mujeres indígenas que sufren una triple discriminación: de género, condición social y de pertenencia a grupos étnicos; limitando su acceso y goce a los derechos humanos”, señaló Briceño Zuloaga.

En este sentido, refirió que además han sido invisibilizadas por nuestro sistema normativo el cual hace referencia a "jornaleros agrícolas" y en el mejor de los casos a "personas jornaleras agrícolas" pero no así a "jornaleras agrícolas".

La legisladora por Morena expuso que en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2020, se estima que hay alrededor de 3 millones de personas trabajadoras laborando en los campos agrícolas, de los cuales el 46.3% es indígena.

Añadió que en el caso de las mujeres, quienes en 2020 eran aproximadamente el 15% de las personas jornaleras agrícolas, enfrentan fuertes rezagos sociales, que se expresan en el incumplimiento y goce limitado o nulo de sus derechos humanos y laborales.

"Ellas salen a trabajar al igual que el resto de los hombres antes de que despunte el sol y cuando están de regreso en sus viviendas, son las responsables de preparar y dar los alimentos a todos los miembros de la familia que hayan salido a trabajar incluyéndose ellas”, apuntó.

Abundó que, aunado a las complejidades de las dobles e incluso triples jornadas de trabajo remunerado y no remunerado, se suman las agresiones físicas, sexuales, verbales, psicológicas y emocionales por parte de sus compañeros o de quienes son sus jefes en el espacio de trabajo, o en el traslado hacia el mismo.

"Esta violencia se reproduce en los espacios institucionales cuando algunas de ellas deciden buscar ayuda o denunciar", agregó.

Expuso además que la población jornalera agrícola y migrante ha enfrentado un proceso de empobrecimiento durante décadas, es por eso que ingresa un mayor número de integrantes de la familia al trabajo remunerado como las niñas, niños, mujeres y adolescentes, a quienes históricamente se les reconoce como acompañantes, pero quienes día a día han ido desempeñando un papel cada vez más activo.

Subrayó que las condiciones laborales de quienes trabajan en los campos agrícolas son sumamente precarias, ya que el 93.4% de la población jornalera agrícola carece de contrato; el 90.9% carece de acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo y el 85.3% no cuenta con prestaciones laborales.