WPOo7Uk- Enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventivaWPOo7Uk Omnia.com.mx
WPOo7UkLa Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia, obtuvo un auto de vinculación a proceso dictado en contra de Bryan Alonso O. P., por los delitos de violencia familiar, feminicidio en grado de tentativa y daños.WPOo7Uk Omnia.com.mx
WPOo7UkEsta representación social acreditó la probable responsabilidad del imputado por hechos registrados el 29 de julio del año 2022, en la colonia San Antonio, en Ciudad Juárez. WPOo7Uk Omnia.com.mx
WPOo7UkDe acuerdo con los datos de prueba obtenidos en la investigación ministerial, el imputado agredió física y psicológicamente a su ex pareja sentimental, amenazándola de muerte con un arma de fuego y le hizo varios disparos en contra del vehículo en el que tripulaba la víctimaWPOo7Uk Omnia.com.mx
WPOo7UkHechos por los que el imputado Bryan Alonso O. P., fue detenido mediante una orden de aprehensión que le cumplimentaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación el sábado 27 de noviembre del presente año.WPOo7Uk Omnia.com.mx
WPOo7UkEl órgano jurisdiccional resolvió la situación jurídica del imputado a quien le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.WPOo7Uk Omnia.com.mx
WPOo7Uk**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).WPOo7Uk Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.