IXUDMYvLa Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió este martes, que unos 2.800 millones de personas, más de la tercera parte de la población mundial actual, podrían verse expuestos a olas de calor si no se frena el actual calentamiento global y este alcanza un incremento de 3 o 4 grados a finales de siglo.IXUDMYv Omnia.com.mx
IXUDMYvCasi la mitad de esas personas (1.300 millones) se concentrarían en el subcontinente indio y otras zonas de Asia Meridional, donde en la pasada década ha habido casi 60 millones de desplazamientos a causa del cambio climático, señala la OIM utilizando datos del Global Data Institute y el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno.IXUDMYv Omnia.com.mx
IXUDMYvEstas cifras podrían reducirse a la mitad en un escenario en el que el calentamiento global pudiera controlarse por debajo de los dos grados, indicó un comunicado de la agencia de Naciones Unidas. IXUDMYv Omnia.com.mx
IXUDMYvEl Acuerdo de París tiene por objetivo que la elevación media de las temperaturas no supere los 1,5 grados por encima de la época industrial (1850-1900), aunque ya se han alcanzado subidas promedio de 1,4 grados en los 10 primeros meses de 2023.IXUDMYv Omnia.com.mx
IXUDMYvEl director del Global Data Institute de la OUM, Koko Warner, recordó que en la pasada década más de 200 millones de personas se vieron obligadas a dejar sus hogares a causa de inundaciones, tormentas e incendios. IXUDMYv Omnia.com.mx
IXUDMYvCon información de Informador.mxIXUDMYv Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.