oRai0uHCULIACÁN, Sin. (apro).- El cuerpo encontrado frente a un panteón de la comunidad rural de El Carrizalejo corresponde a Dimas Díaz Ramos “el Dimas”, acusado y aprehendido en 2009 por planear un atentado contra el entonces presidente Felipe Calderón.oRai0uH Omnia.com.mx
oRai0uHSu cuerpo fue encontrado la mañana del jueves 7 de noviembre envuelto en una lona blanca. El hallazgo fue realizado por efectivos del Ejército quienes realizaban recorridos de vigilancia en la mencionada comunidad, perteneciente de la sindicatura Sanalona, al oriente de Culiacán.oRai0uH Omnia.com.mx
oRai0uHDíaz Ramos también era conocido como el Seis o Delta, y fue elemento de la Policía Ministerial de Sinaloa en 1995 y causó baja voluntaria en 2001. Fue detenido 9 de agosto de 2009 en Culiacán acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud. oRai0uH Omnia.com.mx
oRai0uHLa investigación contra el Dimas la encabezó Ramón Eduardo Pequeño, jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal, quien dio a conocer que a Díaz Ramos se le encomendó planear un atentado contra el presidente Felipe Calderón.oRai0uH Omnia.com.mx
oRai0uH“La policía federal inició su investigación por una amenaza en contra del presidente de la República, a raíz de la guerra declarada en contra del crimen organizado”, dijo el entonces funcionario.oRai0uH Omnia.com.mx
oRai0uHJunto al Dimas la Policía Federal capturó a Miguel Ángel Bagglietto Meraz, el Angel; a Joel González Esparza alias Raspu; Benni Jassiel Ramírez Ramírez, el Broder; y Jesús Aarón Acosta Montero, el Tarrayas. Hasta el momento la autoridad no ha confirmado en qué fecha fue puesto en libertad tras haber sido preso en Almoloya de Juárez.oRai0uH Omnia.com.mx
oRai0uHCon información de proceso.com.mxoRai0uH Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.