Sheinbaum desdeña audiencia de la CIDH: asegura que no hay mecanismos para frenar la reforma judicial
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este martes que en 2025 se realizaran las elecciones de jueces, magistrados y ministros, como lo establece la Constitución, y que no existen mecanismos para frenar la reforma judicial.
La mandataria advirtió que no hay forma de detener la elección de jueces, magistrados y ministros, cuando le preguntaron sobre la audiencia pública que realizará este martes a la 1:00 de la tarde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para analizar la reforma al Poder Judicial.
“Ya es constitucional, cualquiera que crea que hay otros mecanismos para parar la reforma judicial está muy equivocado, el primero de junio de 2025 va a haber elecciones en México”, afirmó.
Sheinbaum comentó que le llamó la atención la rapidez con que la CIDH abordó este tema, pues a su consideración hay asuntos que “tardan años para poderse atender” ante este órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y respecto a la reforma judicial “no tardó ni semanas”.
“Cuánto interés, no hay ninguna violación a ningún derecho humano. México es un país libre, soberano, independiente, y el pueblo de México decide de acuerdo a la Constitución cuáles son las reformas constitucionales, al revés, va a haber más justicia”, aseveró.
“La pregunta es cómo es que en semanas ya está listo para poder hacer estas audiencias, la verdad, cuánto interés a la reforma al Poder Judicial”, agregó.
A solicitud de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), entre otras organizaciones, la CIDH activó un mecanismo para analizar si un proyecto de ley o política pública puede afectar los derechos humanos y si este debe ser mitigado o adecuado a estándares interamericanos.
En septiembre, la CIDH manifestó su preocupación por la aprobación de la reforma en ambas Cámaras del Congreso de la Unión y advirtió de posibles “impactos en el derecho de acceso a la justicia”.
Con información de Latinus
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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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