El “Mayo” Zambada, una víctima pese a su historial criminal

Mientras el gobierno de México aún no termina de armar el rompecabezas para explicar la detención de Ismael el Mayo Zambada por el gobierno de Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene pendientes de ejecución cinco órdenes de captura en su contra.

Al momento de su detención, el 25 de julio último, Zambada García tenía en su contra cinco órdenes de aprehensión emitidas por diferentes jueces federales mexicanos, una de ellas con fines de extradición a Estados Unidos.

Los antecedentes penales del Mayo Zambada datan de los noventa pese a que incursionó en el narcotráfico décadas antes, debido a que, según testimonios y documentos de inteligencia, el capo se distinguía por no ser ostentoso para pasar inadvertido.

En su encuentro con el fundador de Proceso, Julio Scherer García, el capo de capos reconoció que su captura ya hubiera ocurrido hace tiempo si él se anduviera exhibiendo como otros narcotraficantes lo hacen en fiestas y lugares públicos.

Así, la primera orden de aprehensión emitida en su contra data del 18 de enero de 1998. En aquel momento la jueza quinta de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Olga Sánchez Contreras, emitió el mandamiento por el delito de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

El expediente en el que por primera vez apareció el nombre de Ismael Zambada García como coacusado pertenece al llamado maxiproceso, donde se ordenó la detención de más de 100 funcionarios, empresarios, militares y capos de la droga, por lo que en esa fecha se convirtió formalmente en prófugo de la justicia.

En marzo de ese año el entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) de la PGR, Mariano Herrán Salvatti, informó que había recompensas por cuatro millones de pesos a quien diera información para dar con los 10 principales líderes del narcotráfico en México, entre ellos, Zambada García.

Fragmento del texto publicado en la edición 0020 de la revista Proceso, correspondiente a febrero de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.

Con información de proceso.com.mx

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El INE,  se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.

En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de  pesos.

Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.

La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y  responsabilidad democrática. 

 

 

 

 

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