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DO2HzCKEl secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó este lunes un recorte de al menos el 20 por ciento en el número generales y almirantes de cuatro estrellas en servicio, en el marco de la política de la Administración de Donald Trump para reducir el tamaño del Estado.DO2HzCK Omnia.com.mx
DO2HzCKAsí se desprende de un memorando en el que también solicita una reducción mínima del 20 por ciento de miembros de la Guardia Nacional y del 10 por ciento de generales en el Ejército. Según ha señalado, se trata de "un paso fundamental" para "la eliminación de la estructura redundante de la fuerza para optimizar y agilizar el liderazgo".DO2HzCK Omnia.com.mx
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DO2HzCKHegseth ha subrayado que el compromiso de su oficina por "garantizar la letalidad" del Ejército "para disuadir amenazas" y "lograr una victoria decisiva" pasa por "formar líderes excepcionales que impulsen la innovación y excelencia, sin las trabas de burocracias innecesarias que obstaculizan su crecimiento y eficacia".DO2HzCK Omnia.com.mx
DO2HzCK"Mediante estas medidas, mantendremos nuestra posición como la fuerza de combate más letal del mundo, logrando la paz a través de la fuerza y asegurando una mayor eficiencia, innovación y preparación para cualquier desafío que se presente", reza el mencionado documento. DO2HzCK Omnia.com.mx
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DO2HzCKEsta medida supondría un recorte del ya limitado número de generales y almirantes de cuatro estrellas, puesto que en 2023 había 37. Con esta directiva, el número se situaría por debajo de los 30, tal y como recoge el diario estadounidense The Hill.DO2HzCK Omnia.com.mx
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DO2HzCKCon información de: El economista.DO2HzCK Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.