Candidato a magistrado dice que fue confundido con prófugo que se llama igual que él
96FElPNCIUDAD DE MÉXICO (apro).- Arturo César Morales Ramírez, candidato a Magistrado de Circuito, afirmó que fue confundido con un homónimo, exfuncionario de la Procuraduría General de la República (PGR), contra quien pesa una orden de aprehensión por delincuencia organizada.96FElPN Omnia.com.mx
96FElPNEl candidato ha sido señalado por el Congreso de la Unión como no elegible por la existencia de esa orden de aprehensión, por lo que los legisladores solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) cancelar su candidatura para conservar su cargo en el Poder Judicial de la Federación (PJF) a través de la elección del próximo 1 de junio.96FElPN Omnia.com.mx
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96FElPNEn conferencia de prensa, el candidato afirmó que entregó al INE, a la Presidencia de la República y al Poder Legislativo diversos documentos oficiales que acreditan que la orden de aprehensión que tiene su nombre, en realidad está dirigida a un agente del Ministerio Público Federal que trtó de sacar 2.5 toneladas de efedrina que permanecía asegurada en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 2007.96FElPN Omnia.com.mx
96FElPNPor ello, mostró a medios de comunicación parte del expediente de la PGR en contra de su homónimo y acusó que esto se trató de un intento de suplantación de identidad porque la descripción física asentada en la orden de captura con su nombre, no concuerda con la suya.96FElPN Omnia.com.mx
96FElPN“No se analizó con seriedad el tema sobre si somos coincidentes o no”, dijo.96FElPN Omnia.com.mx
96FElPNEn el oficio CGADE/1311/2007, que contiene la orden de aprehensión, se expone que el indiciado es Arturo César Morales Ramírez, agente del Ministerio Público de la Federación. No obstante, el candidato aclaró que él nunca trabajó en la PGR, hoy Fiscalía General de la República (FGR).96FElPN Omnia.com.mx
96FElPN“En esa fecha yo era Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal”, precisó. 96FElPN Omnia.com.mx
96FElPNSegún la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Morales Ramírez ingresó a la institución desde el año 1993, año en el que egresó de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y hasta la fecha continúa laborando en la misma.96FElPN Omnia.com.mx
96FElPNAnunció que solicitará al INE eliminar su nombre de la lista enviada por el Poder Legislativo de los candidatos con supuestos vínculos con el crimen organizado para “limpiar su nombre” y continuar en la contienda.96FElPN Omnia.com.mx
96FElPNAdicionalmente, negó tener contacto con los otros 25 candidatos señalados de no cumplir con los requisitos de elegibilidad.96FElPN Omnia.com.mx
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96FElPNcon información de: Proceso.96FElPN Omnia.com.mx
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Desaparecer los OPLES para que el INE le cobre a los Estados
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
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