A 15 años de matrimonio igualitario en México, ONG denuncia ausencia de políticas públicas
AhRSIbPEFE.- Las políticas públicas para avanzar en el registro de hijos de personas del mismo sexo están rezagadas a 15 años de la implementación del matrimonio igualitario en México, dijo Jaime Cobián, presidente del Congreso Nacional de Mexicanas y Mexicanos Gays, Lesbianas y Personas Trans.AhRSIbP Omnia.com.mx
AhRSIbPEl también fundador del Museo de memoria LGBT+ en Guadalajara señaló que aunque algunos estados mexicanos, incluida la Ciudad de México, han armonizado por completo su normativa, aún persiste una deuda para garantizar que toda esta población goce de derechos plenos y sean reconocidos en la agenda pública.AhRSIbP Omnia.com.mx
AhRSIbP“El cambio cultural no se ha dado porque no existen políticas públicas del Estado para poder lograrlo. ¿Qué significa eso? (que) no hay campañas para que la gente inicie un cambio cultural, no lo abordan de manera directa ni clara”, afirmó Cobián.AhRSIbP Omnia.com.mx
AhRSIbPDe acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género realizada en 2021, en México cinco millones de personas se identifican como parte de la población LGBT+.AhRSIbP Omnia.com.mx
AhRSIbPDatos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que, de los poco más de medio millón de matrimonios registrados en todo el país, sólo 5 mil 829 fueron bodas igualitarias o entre personas del mismo sexo. AhRSIbP Omnia.com.mx
AhRSIbPCobián trabaja desde hace décadas en la promoción de los derechos de su colectivo mediante la organización "Codise" y aseguró que se mantiene la resistencia por parte de autoridades municipales y estatales para garantizar sus derechos.AhRSIbP Omnia.com.mx
AhRSIbPPor ejemplo, en Jalisco algunas autoridades del registro civil niegan el registro de hijos de parejas del mismo sexo.AhRSIbP Omnia.com.mx
AhRSIbP“En el caso de los matrimonios de homosexuales o de lesbianas, sí se cuestiona la maternidad y no se les permite el reconocimiento de ese hijo, o sea, le quitan el derecho al hijo a nacer ciudadano con pleno de derechos”, denunció el activista.AhRSIbP Omnia.com.mx
AhRSIbPEl presidente del colectivo señaló que el derecho reconocido por el Estado a formar una familia sin importar el género es un avance profundo para esta población y apuntó que hay que construir más puentes en el país para lograr su reconocimiento.AhRSIbP Omnia.com.mx
AhRSIbPCobían también destaca que se han dado pasos importantes como el reconocimiento estadístico de la población LGBT+ por parte del Inegi y otras instituciones, lo cual marca un precedente para futuras políticas públicas.AhRSIbP Omnia.com.mx
AhRSIbPCon información de LatinusAhRSIbP Omnia.com.mx
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Desaparecer los OPLES para que el INE le cobre a los Estados
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
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