Acusan a cura de EU de tener sexo con adolescente y pagar más de 300.mil dólares por su silencio

Un sacerdote católico de Alabama, EE.UU., identificado como Robert Sullivan, de 61 años, habría pagado cientos de miles de dólares a una mujer a cambio de confidencialidad sobre un contrato de "acompañamiento privado", que incluía sexo, que se desarrolló durante años y comenzó cuando ella tenía tan solo 17 años de edad.

La denunciante, Heather Jones, ahora de 33 años, sostiene que recientemente también le pagó otra importante suma para que guardara silencio sobre su acuerdo.

Jones afirma que decidió presentar su denuncia ahora porque Sullivan sigue trabajando con familias y sus hijos en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Homewood, Alabama, y teme que "otros pudieran ser vulnerables al mismo tipo de manipulación  y explotación" que ella sufrió, recoge The Guardian.

Acuerdo a los 17 años

Jones creció en un hogar de acogida y su situación de vulnerabilidad le hizo ganarse la vida trabajando como bailarina en un establecimiento para adultos. Allí fue donde conoció a Sullivan, cliente habitual del local, cuando tenía 17 años.

Las propinas dieron paso a un ofrecimiento, "formar una relación estable que incluyera apoyo económico a cambio de compañía privada", incluyendo los contactos sexuales. La mujer relata que Sullivan comenzó a llevarla de compras, a cenar, a beber y a habitaciones de hotel en al menos seis ciudades diferentes del estado.

Jones dice que aceptó debido a su estado mental y de vulnerabilidad y que el hombre en un inicio se presentó como médico y no fue hasta más tarde hasta que fue consciente de su condición de sacerdote.

A través de un abogado, Sullivan le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad, por el que la mujer recibió 273.000 dólares a través de dos transferencias bancarias. Además, a través de más de 125 transacciones entre julio de 2024 y marzo de 2025, Jones recibió aproximadamente otros 120.000 dólares, de acuerdo a la denuncia.

Acusaciones en investigación

La denunciante presentó su acusación ante la diócesis de Birmingham, donde el caso está siendo investigado por una junta de revisión independiente, según una carta del obispo Steven Raica, jefe de la diócesis católica de Birmingham, recogida por medios locales. Además, la diócesis remitió esas acusaciones al departamento del Vaticano que investiga los casos de mala conducta del clero.

Por el momento, Sullivan tiene prohibido ejercer el ministerio público hasta que se resuelva su caso. Por su parte, el párroco anunció recientemente que había sido autorizado para tomarse una licencia personal.

De momento no está claro si los actos denunciados podrían tener algún tipo de consecuencia de tipo penal en el ámbito laico, puesto que en Alabama la edad legal de consentimiento sexual se sitúa en los 16 años. Este estado tampoco cuenta con legislación que prohíba las relaciones sexuales consentidas con clérigos.

Por el contrario, en la Iglesia católica el contacto sexual con menores de 18 años se considera abuso.

Sullivan se ha desempeñado como sacerdote durante 32 años. Además, había sido rector de la escuela secundaria católica John Carroll de Birmingham durante seis años y en 2023 fue nombrado director de su fundación educativa.

Con información de actualidad.rt.com

 

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A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.

“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.

En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.

Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.

Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.

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