El FBI registra la casa y la oficina de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump

Washington (EFE).- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) registró este viernes la casa y la oficina del exasesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y crítico con él, John Bolton, como parte de una investigación sobre documentos clasificados.

El FBI indicó que realizó «actividad autorizada en la zona» donde reside Bolton en el estado de Maryland, mientras que medios digitales como The Bulwark compartieron fotografías del fuerte dispositivo policial en el lugar desde primeras horas. Luego se conoció que también registraron sus oficinas en Washington.

El registro del FBI comenzó sobre las 7 de la mañana en la vivienda de Bolton en Bethesda (Maryland), muy cerca de Washington, para determinar si ha compartido ilegalmente o posee información clasificada, según fuentes cercanas a la investigación citadas por medios estadounidenses.

El director del FBI, Kash Patel, publicó esta mañana un mensaje en la red social X en el que asegura que «NADIE está por encima de la ley» y que los agentes del FBI están en una «misión», sin aclarar si se refería a estos registros de la vivienda de Bolton, mientras que su número dos, Dan Bongino, dijo que «no se va a tolerar la corrupción pública».

Trump desconoce detalles de la investigación a John Bolton

El presidente de EE.UU, Donald Trump, preguntado al respecto, aseguró no saber «nada» del proceso y haberse enterado por «televisión».

Según explicó, así se lo pidió a la fiscal general, Pam Bondi: «No quiero saber, pero tendrán que hacer lo que tengan que hacer», aseguró durante una visita a una exposición cerca de la Casa Blanca.

Sobre su exasesor, Trump dijo que es «un tipo bastante ruin»: «No me gusta».

«Es una persona muy callada, salvo cuando puede decir algo malo sobre Trump en la televisión. No es una persona inteligente, podría ser alguien muy antipatriótico, ya lo averiguaremos», añadió.

Por el momento, no se han hecho públicos los documentos judiciales contra Bolton, una voz muy crítica con Trump, que justifican este registro policial por motivos de seguridad nacional.

De asesor a crítico

Bolton, que frecuentemente da entrevistas para criticar la política internacional de Trump, ya fue objeto de un intento frustrado de la primera Administración Trump para detener la publicación de su libro «The Room Where It Happened» por supuestamente contener información clasificada.

Bolton fue el tercer asesor de seguridad nacional de Trump en su primer mandato y ocupó ese puesto durante año y medio. Cuando lo cesó, Trump argumentó que Bolton intentaba empujarlo hacia una acción militar en Irán.

Más recientemente, Bolton se ha mostrado muy crítico de la cumbre de Trump con el presidente ruso, Vladímir Putin, que ha asegurado está manipulando al presidente estadounidense a favor de los intereses rusos.

Con información de EFE. 

Tips al momento

Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.

De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.

Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.

El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.

Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana. 

La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo. 

La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.

Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.

Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.

Tips al momento

Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.

De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.

Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.

El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.

Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana. 

La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo. 

La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.

Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.

Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.

Notas recientes