
WASHINGTON (AP).- Este día, el presidente Donald Trump dijo que el sorteo de la Copa Mundial de 2026 se realizará el 5 de diciembre en el Centro Kennedy en Washington.
Hizo el anuncio junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el vicepresidente, JD Vance, durante un evento en la Oficina Oval.
Estados Unidos será coanfitrión del torneo el próximo año junto con Canadá y México. El sorteo en el Kennedy Center determinará los grupos del Mundial y los partidos que jugará cada equipo en la primera ronda.
Trump ha tomado el control del Kennedy Center, se ha autoproclamado presidente y ha reemplazado a la junta directiva con miembros leales. También ha insinuado que le gustaría que el recinto se rebautizara como Trump/Kennedy Center.
Cuando se le preguntó si él podría ser el que elija los nombres de los equipos para determinar quiénes jugarán, Trump sugirió que podría no ser una mala idea, e Infantino pareció estar de acuerdo, aunque esa parte aún no se ha determinado.
En un gesto inusual, Infantino también trajo consigo el trofeo de la Copa del Mundo a la Oficina Oval.
Es una superstición casi tan antigua como la propia Copa del Mundo: los jugadores de los equipos nacionales de todo el mundo creen que tocar el trofeo antes de que su equipo gane el torneo en el campo puede traer mala suerte.
Incluso Infantino señaló que el trofeo es “sólo para ganadores”, pero luego le añadió a Trump: “Y, como tú eres un ganador, por supuesto que tú también puedes”.
Eso fue precisamente lo que hizo el presidente y comentó: “Es bastante pesado”.
Más tarde llamó al trofeo "una hermosa pieza de oro" y bromeó sobre conservarlo y exhibirlo en la Oficina Oval, que Trump ha remodelado con una llamativa decoración en tonos dorados.
Con información de Proceso.

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
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Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
