
MADRID (EUROPA PRESS).- Al menos 36 personas han muerto en la Franja de Gaza como consecuencia de las operaciones militares israelíes desde el amanecer de este sábado, según el balance proporcionado por los distintos hospitales del enclave palestino y citado por medios árabes.
Entre los fallecidos habría al menos ocho personas que murieron cuando estaban esperando para recibir ayuda humanitaria en medio de la grave crisis por falta de alimentos provocada por el bloqueo israelí, según recoge la cadena de televisión Al Yazira.
Uno de los incidentes más graves, la artillería israelí bombardeó las tiendas de campaña para personas desplazados en la zona de Asdaa, al noroeste de Jan Yunis, y mató a 17 civiles, incluidos seis niños y un bebé, según fuentes citadas por la agencia de noticias palestina WAFA.
Cerca, en Al Mawasi, al oeste de Jan Yunis, en el sur del enclave palestino, ha muerto otra persona, una mujer, en un ataque aéreo israelí sobre una tienda de campaña para personas desplazadas, según fuentes del Centro Médico Nasser.
Uno de los últimos fallecidos es un individuo que estaba en una casa bombardeada por un dron israelí en Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza, según fuentes del Hospital de los Mártires de Al Aqsa.
Por otra parte, el Ministerio de Sanidad del gobierno de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), informó de la muerte de ocho personas por desnutrición en las últimas 24 horas, incluidos dos menores, con lo que son ya 281 los fallecidos en las últimas semanas como consecuencia directa de la falta de alimentos, incluidos 114 menores, en el enclave, donde la gobernación de Gaza, que comprende la ciudad de Gaza, se encuentra ya bajo declaración oficial de hambruna.
El último balance oficial del Ministerio de Sanidad gazatí eleva a 62 mil 263 los "mártires" y a 157 mil 365 los heridos contabilizados desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que Israel lanzó la operación militar de represalia sobre la Franja de Gaza en respuesta a un ataque de milicias palestinas que se saldó con unos mil 200 muertos.
Con información de Proceso.

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.

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De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
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Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
