Con carteles y grafitis protestan en Washington contra la militarización de Trump

EFE.- En la capital de Estados Unidos, las paredes tienen voz, desde que el presidente Donald Trump puso a la Policía bajo control federal y activó a la Guardia Nacional como parte de su campaña contra el crimen, los habitantes de Washington usan carteles, pegatinas y grafitis para demostrar un rechazo creciente a esa operación.

"En un momento tan duro para nuestra ciudad, es casi reconfortante que todavía se vea el verdadero espíritu del Distrito (de Columbia). Son estos pequeños actos de rebeldía los que dicen mucho", dice a EFE Trina, una maestra jubilada.

Basta un mínimo de atención a paredes, escaleras mecánicas, postes y señales de tráfico para notar los coloridos mensajes, que van desde un contundente FDT (siglas en inglés sobre un insulto a Trump) y un "Liberen a D.C" desplegado en un balcón, hasta un cartel al estilo Baksy en homenaje al "Chico de los Sándwiches" que se encaró con patrullas federales pan en mano.

"Un gran gesto para la democracia"

El póster, que puede verse en barrios populares como Noma, Adams Morgan y Dupont Circle, juega con el emblemático "Lanzador de flores" del artista callejero, aunque en este caso el "proyectil" es un bocadillo.

La obra refleja la resistencia de la capital a través de Sean Charles Dunn, un exfuncionario del Departamento de Justicia de 37 años de edad, quien enfrenta un delito grave por encarar a agentes fronterizos —que han incrementado el número de arrestos en Washington al compás de la militarización de la ciudad ordenada por Trump—al grito de "fascistas".

Dunn fue captado en un video, ahora viral, mientras lanzaba un sándwich que rebotó en el pecho de uno de los efectivos, ganándose la ira de la administración y el elogio de gran parte de la capital estadounidense.

"En medio de una toma hostil por parte del gobierno Federal, demostrar rebeldía con la imagen de un sándwich de Subway es mejor que nada", explicó Deshonde, un residente de Noma, señalando los carteles que ocupan las paredes de la popular zona de restaurantes y bares de Union Market.

Washington no perdió tiempo para adoptar este símbolo como rebeldía, en una manifestación en contra de la operación federal podían leerse pancartas con "No te metas con D.C. o te ganas un sándwich" y "Un pequeño sándwich para el hombre… un gran gesto para la democracia".

Trump vs la "ola de crímenes" en Washington

El Distrito de Columbia entrará el lunes en su segunda semana desde que el presidente republicano tomó el control de la Policía Metropolitana, desplegó cientos de agentes federales y activó a unos 800 efectivos de la Guardia Nacional, citando una cláusula de la Ley de Autonomía que rige el autogobierno de Washington desde 1973.

El mandatario insiste en que su "campaña para desterrar los delitos" se debe a la "ola de crímenes" que, asegura, afectan a la ciudad, donde se han realizado más de 600 arrestos, entre ellos detenciones de migrantes sin documentación, según la Casa Blanca.

Las autoridades locales, quienes han demandado a la administración de Trump, dicen, en cambio, que los crímenes violentos han disminuido un 26% en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior.

"Fuera fascistas de D.C."

Aproximadamente ocho de cada 10 residentes, se oponen a la toma federal de la Policía de D.C. y las patrullas de la Guardia Nacional, según una encuesta de The Washington Post y la Universidad George Mason de Virginia.

La ciudad no es extraña al activismo artístico.

Desde el regreso de Trump han aparecido varias instalaciones efímeras que se mofan del presidente, entre ellas una llamativa escultura de bronce en forma de mesa de escritorio con un excremento encima para recordar el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

"Mantengamos a D.C libre de fascistas", "Manos fuera de D.C.", "Trump debe irse ya", "¿Por qué los republicanos son tan sumisos frente a Trump?" o "Trump está en los archivos", en referencia a las pruebas del polémico caso del pederasta Epstein, están entre los mensajes que se leen en decenas de pegatinas y pósters repartidos por toda la ciudad, donde residen algo más de 700 mil personas.

Pintadas con palabrotas y denuncias contra miembros del gabinete presidencial también se mezclan con instrucciones sobre cómo actuar en un encuentro con agentes de inmigración y una frase en español que asegura: "Todos tenemos derechos, no importa el estatus".

Con información de Latinus. 

Tips al momento

Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.

De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.

Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.

El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.

Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana. 

La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo. 

La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.

Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.

Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.

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De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.

Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.

El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.

Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana. 

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La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.

Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.

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