Juez bloquea a Trump: no podrá negar fondos federales a ciudades santuario que protegen a migrantes
AP.- Un juez falló el viernes que el gobierno de Donald Trump no puede negar fondos a Boston, Chicago, Denver, Los Ángeles y otras 30 ciudades más condados por el hecho de que tales jurisdicciones tengan políticas locales que limiten la cooperación con los esfuerzos federales de migración.
El juez federal de distrito, William Orrick, en San Francisco extendió un mandato preliminar que impide a la actual administración recortar o condicionar el uso de fondos federales a las llamadas "ciudades santuario".
Una orden judicial anterior protegía a más de una docena de otras ciudades y condados, incluidos San Francisco, Portland y Seattle.
El gobierno de Trump ha intensificado la presión sobre esas comunidades mientras pretende cumplir la promesa de campaña sobre deportar a todos los migrantes que se encuentren sin documentación.
Una orden ejecutiva emitida por el republicano instruye a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y a la de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a retener dinero federal de las jurisdicciones santuario.
Otra orden indica a cada agencia federal de asegurarse de que los pagos a los gobiernos estatales y locales no "fomenten las llamadas políticas 'santuario' que buscan proteger a los extranjeros sin documentos de la deportación".
Las ciudades y condados que demandaron dijeron que millas de millones de dólares estaban en riesgo.
Un correo electrónico enviado a la Casa Blanca el viernes por la noche no ha sido respondido hasta el momento.
En mayo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó una lista de más de 500 "autoridades santuario", y dijo que cada una de ellas recibiría una notificación formal de que el gobierno las había considerado en incumplimiento.
También dijo que les informaría si se creía que estaban violando alguna ley penal federal.
La lista fue eliminada del sitio web del DHS después de que algunos señalaran que incluían a localidades que han apoyado activamente las políticas de migración del gobierno federal.
El Departamento de Justicia ha demandado a Nueva York, Los Ángeles y otras ciudades por sus políticas de santuario.
No hay una definición estricta de “ciudad santuario”, pero el término generalmente describe lugares que limitan la cooperación con el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus sigas en inglés) para las actuales redadas y detenciones.
El ICE hace cumplir las leyes de migración a nivel nacional, pero pide ayuda a las autoridades estatales y locales para identificar a los migrantes que son buscados para deportación, para detenerlos y entregarlos a agentes federales.
Con información de Latinus.
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Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
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De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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