Avalan tope salarial; acusan intromisión
Martha Martínez y Claudia Salazar
Reforma
Cd. de México (10 octubre 2019).- Con modificaciones al artículo segundo transitorio y la adición de un cuarto, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la reforma a los artículos 116 y 127 constitucionales para que ningún funcionario público, incluidos los de los organismos autónomos, gane más que el Presidente.
Las modificaciones al dictamen avaladas por el Pleno fueron las presentadas por el PAN y Movimiento Ciudadano.
La primera, del panista José Elías Lixa, corrige el artículo segundo transitorio, el cual establece que el ajuste salarial se realizará en el ejercicio fiscal siguiente a la entrada en vigor del decreto.
El cambio agrega un párrafo que señala que esto será posible "siempre que se haya dada cumplimiento a la sentencia del 20 de mayo emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", la cual obliga a la Cámara de Diputados a establecer los criterios a partir de los cuales será determinado el tope salarial".
La segunda reserva, presentada por el emecista Jorge Eugenio Russo Salido, establece la adición de un artículo cuarto transitorio que señala un plazo de 120 días a partir de la entrada en vigor del Decreto para establecer un organismo técnico responsable de los estudios para definir los parámetros, elementos y procedimientos relativos a la remuneración de los servidores públicos.
Lo anterior, agrega, para que la Cámara emita una opinión fundada y motivada.
La reforma, que busca corregir las lagunas que permitieron a algunos servidores ampararse para evitar dicha disposición, pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La Oposición en San Lázaro acusó al Mandatario Andrés Manuel López Obrador de imponer de manera unilateral el tope salarial a funcionarios.
Al discutir dictamen en materia de remuneraciones, María Alemán, del PRI, advirtió que esto amplía la intromisión del Ejecutivo en otros poderes y en los organismos autónomos a través del límite del salario.
"Este dictamen tiene como base el criterio unilateral y arbitrario que fijó el Presidente sobre su remuneración mensual", señaló.
Alertó que votar a favor del dictamen representaría una validación a esa arbitrariedad de López Obrador y de la falta de objetividad del Poder Legislativo.
Dijo que fijar el salario del Presidente no es facultad de éste, sino de la Cámara de Diputados.
"Si renunciamos a esta facultad, estaríamos violando la Constitución, porque entonces dos poderes se unirían en una sola persona: el Presidente", reprochó.
Aseguró que el dictamen busca una puerta lateral para reparar los errores e inconsistencias legislativas que cometió la mayoría en la Cámara al aprobar reformas a la Ley Federal de Remuneraciones y que la SCJN ha señalado que tiene serias lagunas constitucionales.
Marcos Aguilar, del PAN, advirtió que la reforma tiene como objetivo que se sometan y subordinen quienes no están de acuerdo con los planteamientos del actual Gobierno.
Sostuvo que la reforma reproduce una práctica que la sociedad le ha reclamado a los legisladores: la autoasignación de la remuneración.
Cuestionó qué pasará si el próximo Presidente decide ganar 500 mil pesos, ya que si se aprueba la reforma, se le dará al Mandatario la facultad de decidir su sueldo.
Opiniones
Tips al momento
Denuncia IP simulación federal
Como una simulación calificó el presidente del CCE, Francisco Santini Ramos, las reuniones que tuvo el sector empresarial con los diputados federales para expresar los riesgos que observaban en la reforma que tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada y que finamente fue aprobada ayer sin ninguna modificación.
Incluso, dijo el dirigente empresarial, la semana pasada el CCE asistió al Parlamento Abierto con los diputados que supuestamente escucharían al sector, lo que resultó sólo en la pérdida de tiempo para los empresarios y un evento mediático para los legisladores.
Por cierto, que los dirigentes de los consejos coordinadores del país, exigen más fuerza en sus peticiones al presidente nacional del CCE, Carlos Salazar, que exprese en realidad el sentir de los empresarios que no lo ha hecho desde que asumió su cargo el pasado febrero.
No entiende que no entiende
De gandalla y falaz califican al gobernador electo de Baja California Jaime Bonilla quién tras registrarse como candidato en la convocatoria por 2 años a la gubernatura de Estado, ahora pretende perpetuarse a través de una ley inconstitucional y a modo por 3 años más en dicho cargo.
No obstante y según Bonilla Valdéz, el INE es el gran provocador... al acusar al Instituto Nacional electoral de engañar a los ciudadanos, y es que Jaime Bonilla ha reiterado en más de una ocasión que cuando se registró para la candidatura lo hizo para un período de 5 años sin embargo la convocatoria publicada y dada a conocer en últimas fechas por diversos medios e incluso a través de los mismos consejeros del Instiuto, está más que claro que el período para el cual se inscribieron todos los aspirantes era de 2 años.
La convocatoria emitida para las elecciones ordinarias 2018-2019 refiere que de conformidad con lo señalado en el artículo 15 de la ley electoral del estado de Baja California en relación con los artículos 6o., 7o. y 8o transitorios del decreto 112 del Congreso del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 17 de octubre de 2014, los cargos a elegir son los siguientes:
A) Gubernatura del estado de baja California para el período constitucional del primero de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.
B) Munícipes de los Ayuntamientos de los cinco municipios en el Estado de Baja California, para el periodo constitucional del primero de octubre de 2019 al treinta de septiembre de 2021.
C) Diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, para el periodo constitucional del primer de agosto de 2019 al treinta y uno de julio de 2021.
El único gandalla que no entiende que el periodo legal por el cuál fue votado por dos años es Jaime Bonilla Valdéz
Justicia, solo si se la piden a AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este miércoles 16 de octubre tener conocimiento del financiamiento ilícito a la campaña de Enrique Peña nieto de 2012 e incluso refirió tener la denuncia al respecto sobre este tema, el mandatario fue cuestionado directamente si su administración investigaría este hecho lo cual López Obrador rechazó y sostuvo que ello sería cómo "descubrir el agua tibia" y que solo actuará en este caso "si se lo piden" lo cual deja de manifiesto que para la administración lopezobradorista la justicia no se hace de oficio, sino de contentillo.
Coincidencias
Luego dicen que el Nuevo Amanecer y la Cuarta Transformación no se parecen en nada, pero bien que enarbolan la bandera anticorrupción bien en alto. Javier Corral llegó a la gubernatura con la casi única promesa de acabar con el saqueo de recursos, sancionarlo y recuperar lo que corresponde al pueblo chihuahuense y hace unos días, presentó en una noche lluviosa el Fondo para la Reparación del Daño "Justicia para Chihuahua".
López Obrador, por otro lado acaba de obtener la aprobación para la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y ya algunos panistas como Juan Carlos Romero Hicks dicen que es un absurdo la generación de una nueva dependencia gubernamental, pero con lo aprobado en Chihuahua en idéntico sentido, hay quienes le dicen que más valdría que el legislador blanquiazul se guarde sus comentarios ¿Usted qué opina?
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