Suspenden presentación de acta de entrega de Sedesol
Cd. de México (16 agosto 2019).- Un juez de amparo suspendió la orden del Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que obligaba a Rosario Robles entregar este viernes el acta de entrega-recepción que suscribió en la Secretaría de Desarrollo Social, al ser relevada por José Antonio Meade.
Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió a la ex titular de la Sedatu y la desaparecida Sedesol la suspensión provisional contra la entrega de dicho documento al que Delgadillo se refirió como una "joya".
"Se concede la suspensión provisional a María del Rosario Robles Berlanga para el efecto de que no sea obligada a entregar a la agente del Ministerio Público responsable copia auténtica, certificada o notariada del acta de entrega-recepción de la quejosa y José Antonio Meade Kuribeña, en carácter de titular saliente y entrante de la Sedesol a nivel federal", resolvió Vargas Alarcón.
El próximo viernes 23 de agosto, el Juez Vargas Alarcón celebrará la audiencia incidental en la que determinará si concede o no la suspensión definitiva contra este requerimiento de Delgadillo.
Durante la audiencia en la que Robles fue vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público, los abogados de Robles expusieron que ella informó a Meade, su sucesor en la Sedesol, de las observaciones solventadas y por solventar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Y precisaron que lo hizo de su conocimiento a través del anexo 21, páginas 630 a 633, del acta de entrega recepción del 26 de agosto de 2015.
La mención de este documento ocasionó que la Fiscal Mónica Martell pidiera al juez que autorizara abrir una investigación contra Robles por la obtención ilícita del mismo.
La decisión de Delgadillo fue, por un lado, dejarle esa decisión a la FGR y, por otro, darle a la defensa de la procesada un ultimátum para que entregara a más tardar este viernes una copia auténtica, certificada o notariada del acta de entrega-recepción.
De hecho, a raíz de la discusión sobre este documento, el juez pidió a la Fiscalía determinar si se inicia una investigación contra Meade por ejercicio indebido del servicio público, bajo la misma lógica de omisión que se imputa a Robles ante los desvíos.
"Existe la presunción legal de que los obtuvieron de manera ilícita, sí deben acreditar la forma en que fueron obtenidos, queda a la valoración de la Fiscalía si investiga su obtención", señaló el Juez Delgadillo Padierna la madrugada del pasado miércoles.
"Este dato de prueba es una joya, tiene como fecha límite el 16 de agosto para presentar un documento lícito o copia certificada de acta de entrega recepción a José Antonio Meade y el Ministerio Público debe valorar si presenta los señalamientos a Meade que hay en contra de Rosario Robles".
Abel Barajas
Reforma
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Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
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De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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