Chihuahua se mantiene en semáforo verde en riesgo bajo por coronavirus

La cifra de fallecimientos por COVID-19 en México aumentó a 271,503, luego de que la Secretaría de Salud reportó 200 nuevos decesos

La cifra de fallecimientos por COVID-19 en México aumentó a 271,503, luego de que la Secretaría de Salud (SSa) reportó la tarde de este domingo 200 nuevos decesos en las últimas 24 horas. Además, registró 4,983 nuevos contagios de SARS-CoV-2 en el último día, con lo que la cifra total ascendió a 3,569,677 casos confirmados.

Aunado a lo anterior, se reportaron 504,777 casos sospechosos, 6,284,740 negativos y 10,302,152 personas estudiadas desde que comenzó la contingencia sanitaria.

De acuerdo con el informe técnico diario, se reportó un descenso del 26% en el número de casos estimados en comparación con la semana anterior. Asimismo, en los últimos 14 días, 68,539 personas presentaron signos y síntomas, por lo que se consideran casos activos estimados, que representan 1.8% del total.

En ese sentido, la tasa de casos activos por cada 100,000 habitantes, por entidad federativa posicionó en los primeros 10 lugares a: Tabasco, Colima, Ciudad de México, Yucatán, Querétaro, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Nayarit y Quintana Roo.

Según los datos demográficos de la epidemia, los casos confirmados muestran predominio igual en hombres y mujeres con 50%. En tanto, la mediana de edad general es de 40 años. De igual modo, la distribución por sexo y edad de las defunciones causadas por COVID-19, se observó un predominio del 62% en hombres. El promedio de edad de los decesos por coronavirus es de 64 años.

Respecto a la capacidad hospitalaria, las camas generales registran una ocupación de 40%, sin cambios respecto a lo reportado el sábado, mientras que la ocupación de camas generales se ubica en 32%, dos puntos porcentuales menos que ayer.

Actualmente, México es el tercer país del mundo con más muertes a causa del coronavirus, solo por debajo de Estados Unidos, Brasil y la India; y es número 13 en número de contagios, según la última actualización de la Universidad Johns Hopkins.

Semáforo COVID

El viernes pasado, la SSa actualizó el Semáforo Epidemiológico COVID-19, el cual entra en vigor a partir de este lunes 20 de septiembre y permanecerá vigente hasta el próximo 3 de octubre.

En color “rojo” (máximo riesgo de contagio) no hay ningún estado. Por el contrario, en color “verde” (bajo riesgo) se encuentran cuatro estados, dos más que hace un par de semanas: Baja California Sur, Sinaloa y se mantienen tanto Chihuahua como Chiapas; este último no ha cambiado todo el 2021.

En “amarillo” o riesgo moderado, están 24 estados, nueve más que en la actualización pasada: Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras que en “naranja” (alto riesgo) hay cuatro; es decir, 13 menos: se mantienen Tamaulipas, Tabasco, Colima y Morelos.

Plan nacional de vacunación contra COVID-19

En México, 69% de la población adulta ha recibido al menos una dosis, es decir, 62,089,019 personas, de las cuales 41,698,947, que representan 67%, cuentan con esquema completo, y el restante 33%, que son 20,390,072, tiene medio esquema.

Tan sólo el sábado, se aplicaron 413,331 dosis de vacunas contra COVID-19, para un acumulado de 95,271,399 dosis en personas mayores de 18 años. Con corte de las 21:00 horas de este sábado, las entidades con mayores porcentajes de población vacunada son Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán.

Con información Infobae

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Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.

De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.

Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.

El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.

Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana. 

La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo. 

La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.

Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.

Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.

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Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.

El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.

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