
Veracruz.- El Partido Acción Nacional (PAN) definió anoche, en sesión extraordinaria, integrarse al frente Fuerza y Corazón por Veracruz, que impulsa al priista José Yunes Zorrilla como candidato a la gubernatura del estado.
El PRI, PAN y PRD, que conforman la alianza opositora en Veracruz, confían en que el exlegislador federal triunfará en las próximas elecciones del 2 de junio de 2024.
Carlos Valenzuela González, vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso federal, expresó que con el frente se impulsa la candidatura de Pepe Yunes, pero aclaró que aún faltan definir los distritos en donde irán aliados.
Adolfo Ramírez Arana, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, recibió con entusiasmo la respuesta del PAN, porque dijo que “cae muy bien, vamos en sintonía para hacer triunfar a Pepe Yunes”.
La alianza opositora, detalló Ramírez Arana, está en tiempo y forma porque el día 2 de enero es la fecha límite para inscribirse, “así que nosotros vamos a registrarla antes, tal vez el 29 o 30 de diciembre”.
En tanto, José Yunes Zorrilla expresó su beneplácito y reafirmó que la con la coalición logrará el triunfo porque, además, “Veracruz requiere de un gobierno que conozca al estado”, en clara alusión al origen zacatecano de su adversaria morenista Rocío Nahle.
“El principal problema en Veracruz es el gobierno, pues no atiende, no resuelve, no deja que la gente pueda crecer, vivir en tranquilidad… Hay desgobierno”, recriminó José Yunes.
El pasado 24 de noviembre, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, reveló que José Yunes sería el candidato de la coalición opositora al gobierno de Veracruz.
El PRD en Veracruz, que encabeza Sergio Cadena Martínez, asumió inmediato integrarse a la alianza, pero faltaba el PAN, que apenas anoche en sesión extraordinaria resolvió coaligarse.
Este miércoles, a las 12:00 del mediodía, José Yunes y Joaquín Guzmán, exdirigente estatal del PAN, darán a conocer la alianza formalmente, en conferencia de medios en un hotel céntrico de Xalapa.
Con información de Latinus

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.

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De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
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Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
