Presidencia impugna resolución del TEPJF que determina que AMLO violó la neutralidad y equidad de la elección en 36 conferencias
La Consejería Jurídica del Ejecutivo informó este martes que promovió un recurso de revisión contra la resolución de los magistrados de la Sala Regional Especializada que resolvieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador violó el principio de imparcialidad de la elección durante 36 conferencias matutinas del año pasado.
En un comunicado, la consejería acusó a los magistrados de resolver el asunto sin valorar las pruebas presentadas por López Obrador y sólo tomar en cuenta los argumentos de los quejosos que presentaron 19 recursos.
“Con argumentos baladíes —de poca importancia—, los magistrados electorales adjudican a las palabras del presidente una intencionalidad distinta de lo manifestado; se convierten en adivinos de la voluntad del presidente”, se lee.
Con este recurso, la Consejería Jurídica afirmó que busca que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revoque la sentencia.
Además, afirma que el presidente López Obrador “jamás” se manifestó a favor o en contra de algún partido político o candidato durante sus conferencias diarias.
“Sólo manifestó libremente sus ideas políticas, derecho que tiene todo ciudadano en un régimen democrático como el nuestro”, agregó.
Y acusó a los magistrados Luis Espíndola Morales, Rubén Lara Patrón y Mónica Lozano Ayala de “olvidadizos” al señalar una resolución de 2012, con el expresidente Felipe Calderón.
De acuerdo con la Consejería Jurídica, el Tribunal Electoral resolvió en ese entonces que una mención de Calderón a favor de Josefina Vázquez Mota, donde la calificó “como la mejor opción electoral”, era una expresión de índole natural.
“¿Qué les hace cambiar de opinión? Tal vez, el hecho de que estén en contra de la política humanista del presidente, con la cual no concuerdan (…) ¿Acaso defienden sus intereses personales? Que el pueblo lo decida”, señala.
con información de
Latinus.us
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La nueva ley, que fue aprobada en fast track, fue iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y le concede amplias facultades y poderes a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, de reciente creación en este gobierno y cuyo titular es José Merino.
Así que, esta nueva agencia tendrá las facultades para autorizar y quitar concesiones, lo que hacía el IFT, así como supervisar contenidos en estaciones de radio y televisión, en redes sociales, incluso, hasta de bloquear las plataformas digitales, así como también limitar publicidad y controlar narrativas.
Con lo anterior, a decir del analista Juan Ortiz, lo que realmente avanza es una agenda de control sobre la libertad de expresión y la competencia en el sector.
Sobre esta iniciativa de ley, voces desde la oposición del Senado consideran que es inconstitucional y violatoria de acuerdos internacionales. Por lo pronto se informa que viola el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Así, de esta manera, el control del Estado en los medios, se va consolidando en una ley mordaza, según los comentarios.
Llaman a celebrar funeral diocesano del papa Francisco en Catedral
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