
EFE.- El actor estadounidense Tony Todd, conocido por sus apariciones en películas de terror como "Candyman" o la saga "Destino final", falleció a los 69 años en su casa de Los Ángeles, informó su representante al medio especializado Deadline.
Todd (Washington DC, 1954), de quien aún no se han informado las causas de su deceso, estudió en el Instituto Nacional de Actores de Teatro Eugene O'Neill (Connecticut) e hizo su primera aparición en pantalla en "Platoon" (1986), de Oliver Stone, junto a actores como Willem Dafoe, Johnny Depp y Forest Whitaker.
Su potente voz y su 1.96 metros de altura también ayudaron para que poco a poco fuera asumiendo nuevos papeles en filmes como "Colors" (1988) o "Bird" (1988), hasta adentrarse ya en 1990 en su género por antonomasia: el terror.
Fue entonces cuando participó en "La noche de los muertos vivientes", de Tom Savini, y dos años después hizo su gran papel en "Candyman", de Bernard Rose, donde interpretó al espíritu del pintor Daniel Robitaille, que reclamaba justicia en Chicago.
Su aclamada actuación lo llevó a participar incluso en dos secuelas más de esta misma película.
Además, apareció en otros títulos de terror como "The Crow" (1994), "Wishmaster" (1997) y "Hatchet" (2006), y en varias películas de la saga "Destino final" (año 2000, originalmente), donde encarnó al forense que atisbaba cuando la muerte se aproximaba.
Hasta su fallecimiento continuó participando en cintas de terror, como "Hell Fest" (2018) o "Werewolf Game" y "Stream", ambas previstas para estrenarse este año.
Por otra parte, Todd también se prodigó con frecuencia en televisión y tuvo varios papeles en la franquicia de "Star Trek", apareció de forma recurrente en "Homicide: Life on the Street" y puso su voz al servicio de "Transformers: Revenge of the Fallen", además de que recientemente interpretó a Venom en el popular videojuego "Spider-Man 2".
Con información de Latinus

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.

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Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
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