
Durante este periodo vacacional, el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros invita a la comunidad y a visitantes a disfrutar de su oferta cultural, que incluye exposiciones permanentes y temporales en uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad de Chihuahua.
Entre las exposiciones temporales se encuentra "Bitácora 15[96]", de la artista visual Virxinia Covarrubias, egresada de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La muestra propone una experiencia inmersiva que sitúa al espectador en un escenario de ciencia ficción ambientado en un Chihuahua postapocalíptico, en un futuro lejano.
A través de esta narrativa, la artista construye un entorno que dialoga con lo posthumano, invitando al público a reflexionar sobre la manera en que nos percibimos y comprendemos nuestra propia condición. La exposición surge de una investigación artística que aborda, desde una perspectiva poética, temas como la neurodivergencia mediante el lenguaje de la ciencia ficción.
Asimismo, el recinto alberga la exposición colectiva "El Sueño de la Casa", que permanecerá abierta al público hasta el 14 de junio de 2026. Esta muestra explora el espacio doméstico y la vida cotidiana desde distintas miradas, atravesadas por afectos, relaciones de poder, problemáticas sociales y propuestas estéticas diversas.
Bajo la curaduría de Gracia Doré Luévano, la exposición reúne obra de artistas jóvenes, cuyas piezas dialogan con trabajos representativos de mujeres artistas pertenecientes a la Colección de la Pinacoteca Universitaria Leandro Carreón de la UACH, generando un cruce de generaciones y perspectivas en torno a la experiencia del hogar.
El Centro Cultural Universitario Quinta Gameros abre sus puertas de martes a domingo, en un horario de 11:00 a 18:00 horas, por lo que se presenta como una excelente opción para disfrutar del arte y la cultura durante estas vacaciones.
Además de su oferta expositiva, el propio edificio de Quinta Gameros constituye una obra de arte en sí misma, gracias a su arquitectura y riqueza histórica, lo que convierte cada visita en una experiencia integral.

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
