Aumenta la violencia contra empresarios e influencers en Sinaloa en las últimas semanas
La violencia contra empresarios y creadores de contenido repuntó en el estado de Sinaloa durante los primeros meses de 2026, cuando se registraron por lo menos cuatro secuestros, la mayor parte de ellos ocurridos en la capital estatal, Culiacán.
El pasado mes de enero se reportó el secuestro de la creadora de contenido conocida como Nicholette en Culiacán, cuando se disponía a abordar su vehículo. El plagio se viralizó en redes sociales gracias a la difusión del video de seguridad que el mismo automóvil capturó del evento.
Nicholette permaneció secuestrada por cinco días, mientras las autoridades desplegaron operativos de búsqueda para dar con su paradero. Inclusive, el gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer que el Ejército participaba en su localización, lo cual contrasta con el índice de desapariciones que registra el estado desde hace más de un año y medio.
El pasado 30 de marzo se reportó el secuestro de otra creadora de contenido en el municipio de Culiacán. Se trataba de Carmiña Miroslava Castro Salazar, de 29 años de edad. En redes sociales, la joven compartía contenido de su negocio de fresas con crema "Rosa Dely" y contenido sobre cómo elaboraba sus postres o cómo había logrado adquirir e inaugurar un carrito de comida con su característico color rosa.
Medios locales afirmaron que un grupo armado arribó al negocio de la joven y la privó de la libertad; estaba acompañada por su hijo y esposo, pero ellos no fueron sustraídos. Antes de su plagio, mantuvo actividad en redes, donde publicó una historia en la que indicaba los horarios en los que podrían visitar su local. Carmiña fue encontrada al día siguiente de que fuera reportada su desaparición.
Días antes de este incidente, el 26 de marzo, la fiscalía de Sinaloa informó que el empresario gasolinero Arnulfo Aguilar Salazar, quien había desaparecido recientemente, se encontraba de vuelta en su casa, aunque evitó nombrar el hecho como un secuestro.
"Desde que se recibió el reporte de la presunta privación de la libertad, trabajamos en coordinación con las autoridades militares, autoridades de SSPC, policía estatal, policía municipal", expresó la titular de la FGE.
Medios locales señalaron que el secuestro se habría registrado el pasado 24 de marzo alrededor de las 2:00 de la tarde, cuando el empresario circulaba en un vehículo de lujo tipo BMW con un valor de casi un millón y medio de pesos.
Durante la misma semana, otro empresario también fue secuestrado, esta vez en el municipio de Mazatlán. Sin embargo, en esta ocasión, no fue hallado con vida. Se trata de Rafael Tirado Lizárraga, quien fue dueño de Frutería Alicia, comercio que contaba con sucursales en distintos puntos del municipio y quien fue encontrado muerto el pasado 29 de marzo, tras casi una semana de haberse reportado su plagio.
Ante esto, la Canacintra hizo un llamado a las autoridades a reforzar la estrategia de seguridad para que los ciudadanos puedan vivir en un “entorno de paz, legalidad y certidumbre”.
Latinus
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
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