“Venga a ver el chapopote”: pescadores retan a Nahle por negar contaminación en playas de Veracruz
Veracruz.- Mientras Rocío Nahle insiste en que "hay playas limpias", pescadores la invitan a recorrer las que están manchadas de chapopote y "no se deje llevar por vuelos en helicóptero".
Por su parte, José Yunes Zorrilla reclamó que el gobierno "procura ocultar una crisis ambiental sin declaratoria de emergencia" y sugirió que la "incompetencia del gobierno no debe normalizarse".
Luego de varios meses de mantenerse en el anonimato, el excandidato opositor a la gubernatura optó por salir de la discreción y postear en sus redes sociales una crítica sobre el derrame de hidrocarburo, ocurrido desde el 2 de marzo en el litoral veracruzano.
"En este periodo vacacional, el sector turístico veracruzano atiende a millones de vacacionistas, los Ayuntamientos trabajan con lo que tienen, las microempresas prestan servicios sin apoyo, los pescadores sortean la temporada solos, mientras el gobierno estatal disminuye el presupuesto en Turismo, minimiza la inseguridad que lo rebasa y procura ocultar una crisis ambiental sin declaratoria de emergencia", posteó desde su cuenta de Facebook.
En tanto, Jairo Salgado Hernández, integrante de la cooperativa de pescadores Playa Salinas, invitó a Nahle a recorrer las playas sucias y evitar dejarse llevar por los recorridos aéreos en helicóptero.
El pescador, con 25 años de experiencia, reconoció que las playas de Veracruz, Boca del Río y parte de Antón Lizardo, en Alvarado, "no están tan sucias, pero las de Salinas, otras comunidades, y el sur de Veracruz, incluyendo también las de la zona norte, tienen chapopote".
Este viernes 3 de abril, Nahle recorrió las playas Martí y Villa del Mar, del puerto de Veracruz, donde no hay reportes de la fuerte contaminación por hidrocarburo, y desde ahí aseveró que todas las playas del estado "están limpias".
Agregó: “Lo más importante es que la gente esté bien, que disfrute. Hay un operativo integral en todo el estado y los ayuntamientos han estado a la altura, atendiendo y manteniendo limpias las playas".
Pero pescadores de la comunidad de Las Barrancas, en el municipio de Alvarado, acusaron que el derrame de hidrocarburo afectó su actividad económica y que ello ha provocado caída en ventas, desconfianza del mercado y paro de labores.
Latinus
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Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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