
Esta tarde se dieron a conocer los resultados del cuestionario básico del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI, correspondientes al Estado de Chihuahua en donde se anunció que en la entidad habitan 3 millones 741 mil 849 personas.
De esos habitantes, un millón 853 mil 822 (49.5%) son del sexo masculino y un millón 888 mil 047 (50.5%) del femenino; es decir, por cada 100 mujeres hay 98 hombres.
En cuanto al número de habitantes a nivel nacional, Chihuahua ocupa el doceavo lugar, uno menos en comparación al 2010.
El municipio con mayor población es Juárez con un millón 512 mil 450 habitantes, seguido por Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias e Hidalgo del Parral, mientras que en Huejotitán se presenta la cifra más baja con 824 residentes.
La edad promedio es de 29 años y el promedio de hijos e hijas nacidos vivos en mujeres mayores de 12 años es de 20.
La población nacida en otro país es de 101 mil 229, siendo Estados Unidos, Cuba y Canadá las principales naciones de donde emigran y los municipios en los que mayormente se asientan son Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Ascensión y Ojinaga.
El saldo neto migratorio en Chihuahua es de 0.9 y las principales razones de migración que se dieron son el reunirse con su familia, buscar empleo y cambio u oferta de trabajo.
Por otra parte, se dió a conocer que el 3.1 por ciento de la población, habla alguna lengua indígena, de los cuales 11 mil 818 personas no dominan el español.
Finalmente, se informó que 587 mil 033 personas sufren algún tipo de discapacidad. El 10.5% de la población tiene alguna limitación para realizar alguna actividad cotidiana, el 4.5% tiene discapacidad y el 1.3% tiene algún problema o condición mental.
La tasa de analfabetismo se redujo de 4.8% en 2000, a 3.7% en 2010 y a 2.6% en 2020. En sentido inverso, el grado promedio de escolaridad presenta una tendencia creciente: 7.7 años en 2000, 8.8 en 2010 y 10 en 2020.
Los resultados del cuestionario básico están a disposición de la población a través del portal www.inegi.org.mx o http://censo2020.mx/ mientras que las estadísticas arrojadas por el cuestionario ampliado se darán a conocer el próximo 16 de marzo.

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
