Fernando Baeza Meléndez, ganador de la medalla al mérito ciudadano 2022
Este viernes a través de una emotiva ceremonia, en el marco del 89 Aniversario de la Fundación de Delicias, se llevó a cabo la entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano, Fundadores 2022 a don Fernando Baeza Meléndez.
Reunidos en el primer trazo de la ciudad, autoridades municipales y estatales, así como la ciudadanía en general, fueron testigos de la entrega de la medalla antes mencionada por parte de la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván y el Presidente Municipal de Delicias, Jesús Valenciano García, a don Fernando Baeza Meléndez, luego de los honores a la bandera por parte del 66 Batallón de Infantería, acompañados de la banda de música del Gobierno del Estado.
Cabe destacar que las aportaciones que Fernando Baeza realizó al Municipio, al Estado y al País, fue lo que lo llevó a ser merecedor de tal reconocimiento; su legado como edil, se hace visible en el mejoramiento de los servicios públicos, la pavimentación de un gran número de calles, la formación de nuevas colonias al sur de la ciudad y la remodelación del edificio de la Presidencia Municipal.
En su mensaje, Fernando Baeza pidió a la sociedad dejar atrás el odio, al que denominó como una enfermedad mental, que no hace más que llevar a la perdición humana; los exhortó también a la unidad social, como municipio, e incluso como país, no pensemos en el beneficio de unos cuantos, o en el beneficio propio, sino en el de todos en conjunto, dijo, reiterando que es un reconocimiento inmerecido desde su perspectiva.
Por su parte la Gobernadora Maru Campos se unió al aprecio y afecto que en este día le expresaron lo delicienses; una expresión por su visión, trabajo, inteligencia, empatía y por su fuerte sentido de justicia, su nombre ya está escrito en la historia del Estado de Chihuahua y muy particularmente está trazado en el corazón de esta ciudad que hoy celebra su 89 aniversario, destacó.
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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