Matan a un policía en Celaya mientras atendía su puesto de barbacoa; van 15 elementos asesinados en lo que va del mes
Un policía auxiliar fue asesinado a balazos en su día de descanso cuando atendía su puesto de barbacoa en Celaya; hasta el momento son 15 los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que han sido asesinados en lo que va del mes.
De acuerdo a informes policiacos, los hechos se registraron la mañana del domingo en el bulevar Villa de los Arcos, en la colonia con el mismo nombre.
De acuerdo con información de testigos, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al negocio; uno de ellos fue directo contra el policía, a quien le disparó en al menos cinco ocasiones para después escapar.
Vecinos llamaron a la central de emergencias, pero cuando llegaron paramédicos el agente ya había fallecido; una mujer que lo acompañaba fue trasladada a una clínica hospitalaria con una herida de bala en la pierna.
La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal, quienes informaron sobre el inicio de las investigaciones correspondientes. Peritos forenses se encargaron de procesar la escena del crimen y levantar los indicios balísticos.
Apenas el miércoles, José Ulises Valdez, ingeniero encargado del monitoreo del C4, fue asesinado junto con un acompañante en una emboscada en la comunidad de San Juan De la Vega.
De acuerdo a investigaciones, fue en represalia por una detención, llevada a cabo el lunes pasado, de tres personas que tenían en su poder armas de alto calibre y que habían atacado a otro policía al sur de la ciudad.
En lo que va del año ya son 27 los policías, agentes viales y personal de la Secretaria de Seguridad Ciudadana asesinados en Guanajuato, la mayoría fueron atacados en sus días de descanso.
Con información: Latinus.com
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
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