La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) exigió la creación de una comisión investigadora de diputados que aclare el voto fantasma de legisladores como el morenista Pedro Haces.
Minutos antes de concluir la sesión, que se prolongó por casi siete horas, Anayeli Muñoz Moreno, diputada de MC, pidió la palabra y desde su curul consideró que “la aparición de votos de diputados que no estaban presentes en sesiones anteriores es un hecho muy grave”.
“Solicito a usted presidente de la Mesa Directiva que se abra una comisión investigadora para revisar y aclarar el tema”, demandó.
La emecista recordó que como grupo parlamentario, “ya lo manifestamos en Jucopo, ya presentamos un oficio”.
“Se lo digo con respeto presidente, la explicación que da de la aparición del voto de Pedro Haces, del diputado que ya reconoció que no estaba presente, es inverosímil”, expresó.
Muñoz Moreno extendió la petición para que la comisión investigadora revise la votación del 30 de octubre a fondo, cuando se aprobó la minuta de supremacía constitucional.
“Y todas las que hemos hecho y que participemos en esta comisión, todos los grupos parlamentarios”, insistió mientras Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, mientras hablaba por celular, lo mismo que los secretarios de la Mesa Directiva.
La diputada de MC subrayó que “en este Poder Legislativo necesitamos certeza jurídica de las votaciones que hemos realizado”.
Luego de dialogar con Rubén Moreira, el morenista Gutiérrez Luna no dio respuesta a la petición de la emecista y se limitó a ceder la palabra a Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena.
Desde su curul comentó que “aunque hay beneplácito por el sobreseimiento de la Suprema Corte porque fortalece el Estado de derecho de este país, no voy a involucrarme porque se trata de otro debate”, aunque ya había subido sus comentarios en las redes sociales.
Con información de Latinus.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
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Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.