
EFE.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a Irán de que le quedan 48 horas para que se cumpla el plazo que le dio para llegar a un acuerdo o de lo contrario atacará sus plantas energéticas.
"¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!", escribió Trump en su red social, Truth Social.
El mandatario extendió hace unos días el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz hasta el 6 de abril a las 8:00 de la noche hora de Washington.
El cierre de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la ofensiva en Medio Oriente, iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Teherán.
Trump prometió que si Irán no resuelve esta situación antes del plazo destruirá sus centrales eléctricas.
Pese a que el mandatario ya fue cuestionado sobre si consideraba volver a extender el plazo y él no lo descartó, el mensaje de este sábado sugiere una fecha definitiva.
Sin embargo, este viernes publicó un mensaje que aludía a "un poco más de tiempo".
"Con un poco más de tiempo, podríamos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz, hacernos con el petróleo y amasar una fortuna. ¿Sería una 'mina de oro' para el mundo?", afirmó.
Mientras tanto, el estadounidense prometió hace unos días atacar "con dureza" a Irán en las próximas dos o tres semanas.
Trump se dirigió a la nación el miércoles en un mensaje en el que no informó de detalles concretos para poner fin a la ofensiva, ni de una estrategia para la reapertura de Ormuz.
Latinus

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
