El ISSSTE revisará las pensiones de los trabajadores y podrá revocarlas
Las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tendrán un proceso más riguroso de revisión, verificación e incluso de revocación para aquellas superen el límite establecido por la ley.
Martí Batres, director general del ISSSTE, anunció el viernes esta modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación, como una manera en la que se combate los excesos e injusticias en la distribución de este recurso.
¿Qué dice el acuerdo?
El acuerdo del director general de ISSSTE dicta que habrá unos cambios en el procedimiento de las pensiones, en las que se llevarán a cabo una revisión y verificación de la autenticidad de los documentos y la justificación de los hechos de las personas que trabajaron en el instituto.
La Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales será el organismo encargado del procedimiento del acuerdo, por lo que las demás Unidades Administrativas deberán colaborar desde sus respectivas atribuciones y competencias.
Por su parte, la Dirección Jurídica del instituto brindará acompañamiento en el proceso y otorgará asesorías jurídicas a quienes lo quieran para validar la resolución que se genere.
La revisión consistirá en constatar que las pensiones otorgadas con montos superiores al límite establecido en la ley deban cumplir la siguiente información:
- La dependencia o entidades donde laboró la persona trabajadora;
- Los años de servicio cotizados;
- El sueldo básico que percibió el trabajador;
- Los elementos que sirvieron para determinar la cuantificación de la pensión inicial. y
- Los incrementos anuales y el factor de actualización.
Con ello, la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales dará un dictamen de pensión que puede consistir en modificar o revocar.
¿Qué pasará con las pensiones?
Según el documento complementario al DOF, explica que la resolución tiene dos posibles salidas: la de modificar cuando se exceda o revocar cuando los documentos no acrediten el derecho. El ISSSTE tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para emitir su respuesta.
En el caso de que la persona quiera realizar una impugnación, tendrá quince días contados a partir de surtir efecto la resolución.
Con información de politica.expansion.mx
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
Notas recientes
Las más leídas
