Recaptura Fiscalía de Derechos Humanos a responsable del homicidio de la activista Mireya R. L.
• Investigadores de la FEDH le ejecutaron una orden de aprehensión a Iván Arturo G. P. en un domicilio de Ciudad Juárez y lo trasladaron a Chihuahua para que se le dicte la pena que deberá cumplir por los delitos de feminicidio y robo agravado.
Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos, reportó la reaprehensión de Iván Arturo G. P., quien se encontraba prófugo de la justicia por el feminicidio de la activista Mireya R. L., ocurrido en el año 2020.
Los investigadores de la Unidad de Violaciones de Derechos Humanos, ejecutaron la orden de aprehensión la tarde de ayer 03 de abril en un domicilio ubicado en la calle Cedros del Acantilado, del fraccionamiento Urbivillas en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El detenido fue trasladado a la ciudad de Chihuahua capital, en donde se llevará a cabo la audiencia de individualización de sanciones para que se le dicte la pena que deberá cumplir en prisión por los delitos de feminicidio y robo con penalidad agravada.
Las indagatorias seguidas por el Ministerio Público en relación con el hecho, determinaron que entre las últimas horas del 29 de agosto de 2020 y primeras horas del 30, el acusado estuvo en el domicilio de la víctima, donde la atacó con un arma punzocortante logrando privarla de la vida, para luego robar su carro y su celular.
Cabe recordar, que el procesado quedó en libertad tras dictarse una sentencia absolutoria por parte de un Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos, por lo que el equipo legal de la FEDH, tramitó diversos recursos legales que permitieron obtener una sentencia condenatoria por parte de un Tribunal de Alzada.
En vida, la víctima Mireya R. L. fundó y presidió la organización Unión y Fuerza de mujeres Trans Chihuahuenses, dedicándose a defender los derechos de las personas trans además de promover la prevención del VIH-SIDA.
La Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada reafirma su compromiso para una persecución de los delitos y una procuración de justicia, efectiva que proteja los derechos fundamentales de personas defensoras de los Derechos Humanos.
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
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