Migración irregular, desafío para Centroamérica y México
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La migración irregular desde Nicaragua hacia Estados Unidos, pasando por México, no sólo implica desafíos físicos extremos, como el cruce del río Bravo o el tránsito por el desierto, sino que expone a los migrantes a redes criminales y a la desatención de los gobiernos de sus propios países.
De acuerdo con una abogada y defensora de derechos humanos, de quien ocultamos su identidad por seguridad, esta problemática evidencia una alarmante falta de instrumentos y herramientas efectivas para la protección de los derechos de los migrantes, especialmente de los niños y adolescentes.
Ella trabaja para una organización de derechos humanos vinculada a la migración y reside en una ciudad del triángulo norte de Centroamérica.
El caso de Sofía Abigail Huete Caballero, una niña nicaragüense desaparecida en mayo de 2022 durante un intento de cruzar el río Bravo con su madre, ejemplifica esta crisis, a criterio de la especialista.
La historia de Sofía es el epicentro de una investigación internacional realizada por Proceso y Galería News, medio de Nicaragua, sobre los peligros que enfrentan las infancias migrantes de origen centroamericano en su paso por territorio mexicano y las omisiones de las autoridades del país en su atención.
“Es un caso emblemático que refleja la ineficiencia de Nicaragua para garantizar los derechos de su población, incluso en el extranjero”, afirma.
Señala que, en Nicaragua, la situación de los derechos de los migrantes es particularmente grave, pues durante años, el enfoque estatal ha pasado de priorizar la protección de los connacionales a concentrarse en políticas de seguridad interna.
La abogada enfatiza que esta inacción estatal, sumada al miedo de las familias de denunciar, ha creado un limbo que perpetúa la vulnerabilidad de las personas migrantes desde Nicaragua y en su ruta por ese país.
El endurecimiento de las políticas migratorias en México también obliga a los migrantes a tomar rutas más peligrosas, exponiéndolos a riesgos mayores, expone. Ella denuncia que no hay planes claros de identificación de víctimas ni procesos de reparación para las familias.
En el caso de Sofía, la abogada subraya que no se ha visto una acción contundente por parte del gobierno nicaragüense para exigir una investigación veraz a México ni para acompañar a la familia en su duelo.
(Fragmento del Capítulo 3 de la investigación “Sin rastro de Sofía” que se puede leer en este enlace: https://sinrastrodesofia.proceso.mx/)
Con información de proceso.com.mx
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El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
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