Presenta Protección Civil Estatal balance del operativo de Semana Santa
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió el reporte del Operativo Semana Santa 2026, correspondiente al periodo de las 16:00 a las 20:00 horas, del viernes 3 de abril.
Gracias a la participación de elementos de instancias estatales y municipales, se brindó atención oportuna a diversos incidentes registrados en carreteras y centros recreativos de la entidad.
En materia de seguridad vial, se reportó el accidente de una camioneta en la carretera de Santa Bárbara a El Granillo. Los pasajeros fueron trasladados a un hospital.
En el municipio de Coronado, Protección Civil Municipal auxilió a los tripulantes de un vehículo, tras chocar contra un semoviente. No hubo lesionados de gravedad.
Por otra parte, elementos de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE) y de la Policía Municipal de San Francisco de Conchos atendieron a un hombre por un cuadro de síncope en la carretera a Lago Colina.
En la vía Chihuahua a Cuauhtémoc, a la altura de la Presa Chihuahua, personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y URGE auxilió a dos menores de edad, tras la caída de una motocicleta.
Además se registró la volcadura de un vehículo en el kilómetro 286 de la carretera Chihuahua a Juárez, donde fueron asistidas cuatro personas lesionadas.
En otros frentes, paramédicos de Cruz Roja Mexicana atendieron a una persona por un preinfarto en la zona del vado de Meoqui, y a otra que presentaba dificultad para respirar en un centro recreativo de Julimes.
En Casas Grandes se reportó un accidente en cuatrimoto en las inmediaciones de la zona turística Cueva de la Olla, percance que dejó una persona sin vida.
Asimismo, personal de la CEPC atendió un caso de dolor abdominal en el mirador de Basaseachi, en Ocampo. La paciente fue canalizada para su valoración médica.
Como parte de las acciones preventivas, elementos de la dependencia intervinieron en el
centro recreativo Valle Verde, en Julimes, para el retiro de mangueras de gas ante la detección de una fuga.
En San Francisco de Conchos, personal de URGE atendió a un hombre que se golpeó la cabeza tras realizar un clavado, en el sitio conocido como Filtros Los Cantiles.
En Majalca, municipio de Chihuahua, personal de la CEPC auxilió a un menor por una
quemadura en la mano; en La Boquilla se apoyó a tres personas que presentaron golpe de calor.
En materia de seguridad y orden público, la Policía Municipal de Chihuahua intervino en una riña registrada en un área de toboganes del balneario Los Álamos, en la carretera Chihuahua-Aldama.
Por otro lado, personal especializado realizó labores de combate en un incendio forestal detectado en la ranchería Rukirazo, ubicado sobre la carretera Creel a Cusarare.
La autoridad estatal reitera el llamado a seguir las recomendaciones de seguridad. Para reportar emergencias llamar al 9-1-1.
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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