
Una avioneta Cessna con la matrícula XB-LDX se desplomó en el poblado de Cofradía, en el municipio de Navolato, en la entidad federativa de Sinaloa. En el accidente de aviación, ocurrido alrededor de las 11:00 horas, se reportó la muerte de tres personas.
Se desconoce la identidad de las víctimas, no obstante, se presume que los tres son hombres. El avión cayó en picada a la altura del kilómetro 18.5 de la carretera Culiacán–Navolato, al lado de una bodega de granos.
El siniestro ocurrió en la zona agrícola del pueblo. La caída de la aeronave, de color blanco y con líneas rojas, fue captada en un video publicado por la cuenta de Twitter @campomartemx.
“Hace unos minutos, en Navolato, Sinaloa, una avioneta Cessna con tres tripulantes se desplomó al aproximarse a una pista de aterrizaje...”, escribió el usuario de la red social esta tarde.
En el video de solamente 34 segundos, grabado por un hombre y después de presenciar la caída, se puede escuchar al camarógrafo decir: “¡A la verga, a la verga! A la verga, hijo de su puta madre. Se mataron, a la verga. Chingada madre. Hijo de su chingada madre”. Mientras tanto, presuntamente corre hacia el lugar del accidente.
Reportes preliminares señalaron que fueron empleados de una fábrica de etanol quienes notificaron a los servicios de emergencia y a la Policía Municipal de Navolato sobre el accidente. Escucharon un fuerte ruido cuando se impactó la nave contra el suelo.
Hasta el momento, las autoridades del estado no han declarado el origen del accidente de la avioneta Cessna. Presuntamente ocurrió minutos después de despegar de la pista Aeromar en Bachimeto.
Con información de Infobae

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.

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De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
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Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
