Serán Núñez y Gutiérrez directores de Medicina y Derecho de la UACH
De manera extraoficial se supo que, los próximos directores de las Facultades de Medicina y Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua serán René Núñez Bautista y César Eduardo Gutiérrez Aguirre, nombramientos que podrían definirse está tarde durante la Sesión de Consejo Universitario.
En la Facultad de Medicina, será René Núñez Bautista el que ocupe el cargo de Director, de profesión Médico Cirujano y Partero, cuenta con una Maestría en Ciencias con Especialidad en Toxicología.
Es docente e investigador de tiempo completo desde junio de 2013, docente en la FMyCB desde hace 30 años, fue Secretario Académico de la FMyCB de diciembre de 2018 a octubre de 2021, es integrante del Núcleo Básico de la Maestría en Formación Biomédica que se oferta en la FMyCB. Socio fundador de la Sociedad Mexicana de Toxicología.
En el área de la Salud ha ocupado varios cargos; en Pensiones Civiles del Estado como director Médico de octubre del 2021 a agosto del 2022, Delegado de los Servicios Médicos, Presidente del Comité de Cuadro Básico, Jefe del Departamento de Urgencias. En el ISSSTE se desempeñó como Subdelegado Médico de julio de 2003 al mayo de 2013.
En la Facultad de Derecho será César Eduardo Gutiérrez Aguirre, su formación académica es Licenciado en Derecho UACH, segundo mejor promedio de su generación 9.7; logró “Mención Honorifica” en su examen profesional; cuenta con una Maestría en Derecho Fiscal, ITESM Campus Chihuahua; además de Estudios de Postgrado en Doctorado, obteniendo “Diploma de Estudios Avanzados”, otorgado por la Universidad Complutense de Madrid, (pendiente presentación de tesis).
Es Catedrático en la Facultad de Derecho de la UACH desde 1993 y a la fecha, catedrático del Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua del 2004 al 2009; Secretario General del Instituto Estatal Electoral del 2001 al 2003; Consejero Universitario Alumno, de la UACH de 1990 a 1991; Miembro del Panel de Expertos designado por el H. Congreso del Estado, a efecto de integrar la terna de aspirantes a ocupar el cargo de la Fiscalía Anticorrupción del Estado.
Además es Miembro de la Fraternidad Legal Internacional PHI Delta PHI, Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Chihuahua, A.C., Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), Consejero de la Cruz Roja Méxicana, Delegación Chihuahua (Pro Bono), Consejero de la CANACINTRA, Chihuahua (Pro Bono) y Consejero Ciudadano de la JMAS, Chihuahua (Pro Bono).
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
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Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
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