Qué se sabe sobre el caso de Debanhi Escobar a 8 meses del feminicidio de la joven
Debanhi Escobar fue encontrada sin vida el 21 de abril de 2022, había sido reportada como desaparecida desde el 9 del mismo mes, cuando no llegó a casa tras asistir a una fiesta en una quinta del municipio de Escobedo, en Nuevo León.
El caso de feminicidio de la joven tuvo una serie de irregularidades al ser investigado, por lo que se convirtió en uno de los más comentados, ya que en los días en que estuvo desaparecida, se hizo viral la fotografía que le tomó el taxista por aplicación, esa fue la última vez en que alguien vio con vida a quien fuera estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
A poco más de ocho meses de lo sucedido, los padres de la adolescente informaron que no dejarán de buscar justicia, pues el proceso ha sido lento y desde activistas hasta artistas y la sociedad en general se han posicionado respecto al caso, señalando indignación.
“Para nosotros es muy complicado estar este 24 de diciembre sin nuestra hija, en este 31 sin nuestra hija. A nombre de ella agradecerles de todo corazón el apoyo en este calvario que hemos vivido. Fue un año muy difícil para nosotros, pero en este camino hemos encontrado mucha paz porque ustedes así no lo manifiestan. Quisiéramos que nuestra hija estuviera aquí con nosotros, sabemos que no se puede”, sostuvo en YouTube Mario Escobar, padre de la joven.
El 4 de enero se realizó una audiencia para dos ex trabajadoras del Motel Nueva Castilla, sitio donde fue encontrado el cuerpo de la joven. Las dos mujeres que laboraban en dicho lugar fueron señaladas por falsedad de declaraciones a las autoridades y omisión. Hasta el cierre de esta publicación, no se han dado a conocer los resultados de este proceso.
Es importante mencionar que cuando se dio a conocer la desaparición de la joven, los empleados del motel Nueva Castilla declararon que las cámaras de vigilancia únicamente eran de monitoreo, pero después se dio a conocer que sí capturaban imagen y ellos sostuvieron que se habían entregado a las autoridades todos los materiales audiovisuales.
Fue el 7 de septiembre de 2022 cuando las autoridades catearon el domicilio de la ex gerente del Motel Nueva Castilla, ubicado en la avenida Cordillera de los Andes, colonia Paseo de los Andes, en el municipio de San Nicolás de los Garza, detalló la Fiscalía estatal.
Durante la inspección se localizaron diversos dispositivos electrónicos: dos teléfonos celulares de color negro, una cámara de grabación y tres memorias de almacenamiento.
En diversas ocasiones, los padres de la joven han señalado a la Fiscalía de Nuevo León por diversas fallas y errores en la investigación del caso, uno de los principales reclamos también fue una búsqueda incompleta y el hecho de que supuestamente el cuerpo de la joven fue sembrado, ya que un día antes de ser localizado en la cisterna del motel Nueva Castilla, las personas encargadas de la inspección ya habían estado en ese lugar.
“Nosotros les dijimos y demostramos con documentos que estaban equivocados y siguen con muchas equivocaciones”, dijo el padre de la joven recientemente.
Además, al principio se dijo que la joven había muerto a causa de una contusión en la cabeza, en su momento se sostuvo que se había puesto de pie dentro de la cisterna y el golpe la habría dejado inconsciente. Después, se determinó que en realidad la causa del deceso había sido asfixia por sofocación.
El 29 de septiembre de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación por el feminicidio de Debanhi Escobar a petición de los padres de la joven.
“Se está en proceso de revisión de todos los archivos que integran la carpeta y todos los documentos, indicios y pruebas para que la Fiscalía lleve este caso. Desde luego estaremos coadyuvando para contribuir a resolver este caso”, comentó el subsecretario durante la presentación del informe de seguridad.
Con información: Infobae.com
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
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