La trágica muerte de Arturo Guzmán Loera, el hermano del ‘Chapo’, asesinado tras colaborar con la DEA
Arturo Guzmán, mejor conocido como “El Pollo” y hermano de Joaquín, había asumido el liderazgo en el Cártel de Sinaloa, mientras que ‘El Chapo’ permanecía preso; sin embargo, tiempo después fue detenido e internado en el penal del Altiplano.
En 2004, quien fuera también el jefe de logística del grupo delictivo, fue asesinado con una pistola que fue introducida de contrabando en el penal, mientras hablaba con su abogado, en el área de locutorios.
¿Quién es Arturo Guzmán?
De acuerdo con distintas versiones, el capo mexicano también cuidaba de los hijos de “El Chapo”, mientras este se encontraba en prisión.
“El Pollo” fue detenido en el entonces Distrito Federal, en agosto de 2001, junto con dos de sus cómplices. Posterirmente, fue procesado por narcotráfico en la modalidad de colaboración al fomento, y por producción, tráfico y extracción del país de cocaína y anfetaminas, para ser llevadas a Estados Unidos.
Arturo también fue acusado de ser el autor del “narcotúnel” de 60 metros, que fue construido para el traslado de drogas en la frontera de Tijuana y San Ysidro.
“El Pollo” participó en la fuga de su hermano, el 19 de enero de 2001 y era considerado por autoridades de México y Estados Unidos como un “asesino de alto nivel”.
‘Abogados del narco’: Ellos defienden a la dinastía Guzmán
José Refugio Rodríguez, abogado que dijo representar a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue responsable de que una carta llegara al gobierno mexicano, pidiendo el regreso del narcotraficante a suelo nacional.
El abogado argumentó que Guzmán Loera sufre maltrato psicológico en ADX Florence, prisión en la que cumple una cadena perpetua más 30 años, a lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respondió que no cerrarán las puertas de inmediato, ya que se trata de un asunto de derechos humanos.
“Cuando se trata de derechos humanos, hay vías e instancias internacionales. Entonces no es descartar porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida”, dijo el manadatario este miércoles 18 de enero en su conferencia matutina.
No es la primera ocasión que los abogados del ‘Chapo’ dan a conocer su situación. En los últimos 6 años, desde que está en prisión estadounidenses, los abogados han hablado sobre su vida y funciones en el Cártel de Sinaloa.
Con información: El Financiero.com
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
Notas recientes
Las más leídas
