Rusia abre segunda convocatoria para incorporar a 130 mil jóvenes al servicio militar obligatorio
EFE.- Rusia abrió la segunda convocatoria de 2023 al servicio militar obligatorio en el que planea incorporar a filas a 130 mil ciudadanos de entre 18 y 27 años y que por primera vez incluye las anexionadas regiones ucranianas de Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk.
Junto con el comienzo de la campaña de llamada a filas, que se prolongará hasta el 31 de diciembre próximo, entró el vigor una ley que multiplicó por diez, hasta poco más de 300 dólares, la multa por no presentarse en las oficinas de alistamiento.
Las autoridades rusas han asegurado que los reclutas no serán enviados a la zona de acciones militares en Ucrania ni a unidades emplazadas en las nuevas regiones, como se denomina en Rusia a las anexionadas hace un año Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk, pese a no controlar la totalidad de sus territorios.
El contraalmirante Vladimir Tsimlianski, jefe de Organización y Movilización del Estado Mayor General ruso, afirmó este viernes que el número de voluntarios para participar en la operación militar especial (la guerra en Ucrania) es suficiente para cumplir las tareas encomendadas.
Según el marino, el alto mando no tiene planes de acciones adicionales de movilización para la campaña militar en Ucrania.
En agosto pasado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó una ley que amplió en tres años, hasta los 30, la edad máxima para el servicio militar obligatorio y que entrará en vigor el 1 de enero de 2024.
La iniciativa de aumentar la edad del servicio militar fue propuesta a finales de 2022 por el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, después de que cientos de miles de hombres en edad militar abandonaran Rusia a raíz de la movilización decretada por Putin en septiembre de 2022.
Con información de Latinus
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Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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