61v7xmqCon el objetivo de abordar temas que impactan al tejido social y analizar propuestas para la atención a sectores vulnerables del municipio de Cuauhtémoc, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, encabezó una reunión con miembros de organizaciones de la sociedad civil.61v7xmq Omnia.com.mx
61v7xmqEl evento inició con la bienvenida a cargo de Humberto Ramos, vocero de la red de asociaciones y ex alcalde del municipio. Posteriormente, Mirella Armenta Castillo, directora de la asociación civil "Por Amor a Ti", que está enfocada en adultos mayores en situación de riesgo, expuso las principales problemáticas l en la región.61v7xmq Omnia.com.mx
61v7xmqLa propuesta central de la reunión fue desarrollada por Humberto Ramos y el empresario Jorge Chavira, quien planteó la creación de un complejo de atención para personas en situación vulnerable. Este proyecto busca ofrecer servicios integrales para quienes enfrentan riesgos sociales y económicos. 61v7xmq Omnia.com.mx
61v7xmqEl titular de la SSPE escuchó las exposiciones y ofreció apreciaciones sobre las mismas, reiterando el compromiso del Gobierno del Estado con las iniciativas ciudadanas.61v7xmq Omnia.com.mx
61v7xmqAdemás, se habilitó un espacio para participaciones libres de los asistentes, quienes enriquecieron el debate con sus perspectivas.61v7xmq Omnia.com.mx
61v7xmqEl encuentro concluyó con palabras de Jorge Chavira, presidente de la Fundación Ramos y Bergen, quien resaltó la importancia de continuar construyendo alianzas estratégicas para lograr un impacto positivo en la comunidad.61v7xmq Omnia.com.mx
61v7xmqLa reunión dejó en claro la necesidad de una colaboración más estrecha entre sociedad civil y los entes públicos para afrontar los retos sociales de Cuauhtémoc y garantizar un futuro más inclusivo y seguro para todos.61v7xmq Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.