¿Miedo o precaución?
Dos o tres preguntas surgen tras la puesta en escena a las afueras de la casa del ex gobernador con fuero Javier Corral. 4 elementos de la guardia nacional, dos camionetas con sus respectivos conductores, un total de 7 elementos custodiando la casa de senador, es decir, personal alejado de otro tipo de asignaciones y convertidos en seguridad privada de un funcionario. Aquí es donde nos preguntamos, ¿amenazaron a Javier Corral? O que tipo de documentos confidenciales o cosas tendrá en su casa que requiere tanto personal para cuidarlo.
Entendemos que el poder es para poder y si el señor Senador solicita apoyo asumimos que se le debe de brindar apoyo, aunque esto represente asignarle 7 guardias de seguridad disfrazados de elementos de la guardia. O el peor escenario pudiese ser y no debemos descartar que este oscuro personaje esté bajo algún tipo de investigación, ya que solo se filtró una imagen, pero jamás se sustentó que no hubieran elementos “revisando” en el interior. Cosas bizarras y tenebrosas que se realizan en torno a figuras públicas y ex gobernantes.
Por ejemplo, tenemos al ex gobernador César Duarte quien goza de su libertad y ha dado de qué hablar con sus llovedores pasos y aumentando su popularidad por la naturalidad de sus apariciones públicas, pero el ex gobernante está vigilado constantemente con el brazalete electrónico que porta y suponemos que debido a su peligrosidad las autoridades municipales, por órdenes de vaya usted a saber de quien a las afueras de su casa desde hace meses colocaron un discreto armatostes de los llamados escorpiones, esas unidades de la municipal con remolque que tiene paneles solares, cámaras y monitoreo constantes, suponemos que es para reducir la criminalidad en ese fraccionamiento o ponerle cola a Duarte, en fin gastamos la pólvora en diablitos, para constatar a qué hora sale o llega César Duarte.
Otro ejemplo es Andrea Chávez a la cual se le tiene asignado su personal guarro-guardaespaldas-carga maletas, quien la acompaña a todos lados, personal asignado por el Senado de la República y si bien es un solo elemento de nueva cuenta se saca de la circulación a un elemento que debería de estar trabajando en otro tipo de asignaciones más productivas. En fin, algo trae o tiene que preocupa grandemente a Corral y evidencia que la cola que le cuelga es por demás larga y usa su poder para protegerse y si bien la está librando por su fuero, sabe perfectamente que al término de su fuero tendrá que dar la cara, pero por lo pronto se cura en salud…
Algo curioso sucedió el día de ayer en donde se observó a la gobernadora Campos salir en vuelo privado a la CDMX. Este tipo de viajes son frecuentes y nada que ver, son las simples responsabilidades de su cargo. Lo que llamó la atención fue que Doña Maru fue acompañada por un extraño personaje. Decimos extraño ya que ambos tienen distintas responsabilidades y ergo asignaciones públicas. De esta manera a Maru se le vio abordando ese jet privado acompañada de Marco Bonilla el alcalde de este municipio y aspirante a la gubernatura. Posteriormente se supo que la Gobernadora participó en la reunión que denominaremos, la de los “últimos Mohicanos” es decir los 4 gobernadores con los que cuenta el PAN y su jefe político Jorge Romero, pero desconociendo cuál fue el enroque o la jugada grilla de Maru, no sabemos en donde embona Marco Bonilla que tuvo que salir sin decir nada de su municipalidad.
Suponemos que dos horas de charla directa en el jet privado habrán sido suficientes para poner las cosas en claro. O posiblemente Bonilla ya fue presentado en cortito entre el club de los cuatro y su jefe de manada. Pero invariablemente este pudiese ser un mensaje claro de que es lo que sigue en lo político. Digo si se hubiese hecho acompañar por todos los suspirantes otro mensaje surgiría…Así las Cosas.
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
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La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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